El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón Suárez, no descartó tomar acción legal contra la empresa Correctional Health Services Corporation (CHSC) por las aparentes trabas que puso durante el proceso de transición hacia la nueva compañía que, a partir de hoy, proveerá servicios de salud a la población penal.

Sin embargo, el secretario rechazó que la negativa de CHSC a brindar acceso de los récords médicos a la nueva empresa, Physicians HMO, derivara en la falta de acceso a cuidado de salud a los confinados.

“El expediente electrónico es una forma de guardar información, pero no es la única forma en que se guarda información referente a los servicios médicos. (En el Departamento de Corrección y Rehabilitación) hay un duplicado en papel que se utiliza en ocasiones en que, precisamente, el sistema electrónico se cae, como ocurrió en los primeros días posteriores a los huracanes (Irma y María). Así que esto no es una situación atípica, (pero) es lamentable por demás porque se trabajó para que no ocurriera”, dijo Rolón Suárez durante una conferencia de prensa, al agregar que luego de una reunión que sostuvo más temprano en el día con representantes de ambas compañías, CHS se comprometió a tramitar la información en sus expedientes electrónicos, por lo que Physicians HMO podría tener acceso entre hoy y mañana.

Entre las razones que el titular del DCR esgrimió para justificar la determinación de transferir los servicios de CHSC a Physicians estuvo una recomendación realizada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en 2017.

“Cuando sometimos (para aprobación de la JSF) la primera extensión al contrato de Correctional, que vencía en noviembre de 2017, la Junta contestó que nos daba unas recomendaciones de lo que debía ser la nueva contratación. En esas observaciones la propia Junta de Control Fiscal nos dejó saber que ese tipo de servicios estaba mejor en manos de un proveedor que pudiera asumir mayores riesgos. La compañía Correctional es una corporación sin fines de lucro cuyo único cliente es el DCR. Eso quiere decir que en caso de que hubiese algún riesgo de pago, ese riesgo se asume mejor con una compañía que tiene ingresos adicionales”, sostuvo el secretario.

De acuerdo con Suárez Rolón, los contratos con Correctional –que ofrecía servicios al DCR hace 13 años– conllevaban un gasto para el gobierno de alrededor de $15 millones anuales, aunque en su intento para mantenerse como proveedor rebajaron la oferta a poco más de $12 millones.

El contrato con Physicians HMO, en tanto, asciende $8.5 millones por los nueve meses que restan del presente año fiscal, cuando se renovaría el acuerdo por tres años adicionales a un costo de $11.3 millones anuales.

Por otra parte, Rolón Suárez indicó que Physicians HMO mantendrá bajo contratos de tres meses al 97% del personal que al momento laboraba ofreciendo servicios para Correctional. Esos trabajadores se suman a los 540 empleados de carrera con los que cuenta el DCR para ofrecer servicios de salud.

“Básicamente, tenemos el mismo cuerpo trabajando bajo otra cabeza”, ilustró Suárez Rolón.

El secretario de Corrección asimismo negó que, como se ha reportado en pasados días, las figuras de Lorenzo González –secretario de Salud bajo la administración de Luis Fortuño–, y Johhny Colón –administrador de Corrección bajo el mandato del exgobernador Pedro Rosselló– influyeran en la decisión de contratar a Physicians HMO.

“Para nada. De hecho, en las propuestas que se evaluaron este tipo de personas no figuraron, así que es información que ha circulado de forma extraoficial que no consta en los récords del Departamento”, dijo Rolón Suárez.