En una conferencia de estatus realizada ayer, martes, en el caso de Roberto Navarro Ayala y Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio en contra del gobierno -que data de 1974 y fue reabierto en junio pasado-, el juez advirtió a las partes de la posibilidad de designar a un monitor para que asista en el caso e investigue si los cambios en el tratamiento de salud mental cumplen con el plan de rehabilitación.

El juez pautó una vista de estatus de seguimiento para el 15 de diciembre, y adelantó que hablará con un potencial monitor que "podría estar nombrado para la próxima conferencia de estatus".

La abogada del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, Judith Berkan, estuvo de acuerdo con la posible designación de un monitor. Mas el gobierno, representado por Arlene R. Pérez Borrero, se opuso a dicho nombramiento por los costos que conllevaría.

En el caso del monitor federal de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio, devenga un sueldo de $215,000 anuales y los costos operacionales de su oficina son de $1.5 millones, que paga el gobierno estatal.

Pérez Borrero solicitó que antes de cualquier nombramiento, se lleve a cabo una vista evidenciaria en la que podría demostrarse los servicios que están proveyendo. El tribunal mostró preocupación porque desde que el caso se cerró en 2005, no se le dio seguimiento a los servicios de rehabilitación y es necesario realizar una inspección para ver que los pacientes estén recibiendo el cuidado apropiado.

El 19 de junio pasado Besosa ordenó reabrir este caso, tal como solicitó el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio.

La parte demandante alegó que no se estaba cumpliendo con lo ordenado por la corte en 2005 por el entonces juez federal Héctor Laffite relacionadas al plan de rehabilitación. El gobierno alegó que no era necesario reabrir el caso por entender que estaba cumpliendo con el mismo.

En la misiva de septiembre de 2014, el presidente del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, Víctor Báez, indicó que los servicios en el Centro de Salud Mental Comunitario San Patricio están en riesgo de ser eliminados, que recientemente no se renovaron los contratos de psiquiatras, sicólogos y trabajadores sociales, que la Clínica de Exhospitalizados y la Unidad de Intervención de Crisis fueron eliminadas, y que supuestamente la administradora de la Administración Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Carmen Graulau, dijo que los servicios a pacientes ambulatorios serían privatizados.

"Algunos de nosotros hemos podido trabajar y vivir independientemente, gracias a los servicios protegidos por muchos años por esta honorable corte. Pero una vez más, los demandados, en una clara violación a la orden de la corte, ponen nuestra salud mental y física en riesgo", lee la carta.

Alegan, además, que desde que se cerró el pleito de clase en 2005 -el cual fue presentado originalmente por el paciente con retardo mental, Roberto Navarro Ayala, por supuestas violaciones a los derechos constitucionales de pacientes de salud mental-, no se han dado los servicios adecuadamente y como se ordenó.

El secretario de Justicia, César Miranda, contestó por medio de las abogadas Janitza García Marrero, Beatriz Annexy Guevarra y Pérez Borrero. Estas recalcaron que el caso no debe ser reabierto, basado en que se están cumpliendo con las órdenes del tribunal, y porque el grupo no es parte en el caso.

"El Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio no está en posición para solicitar que se reabra el caso. Más aún, cuando se sostiene que los requisitos impuestos por el honorable tribunal al gobierno estatal para cerrar este caso se están cumpliendo, por lo que no hay necesidad de la intervención judicial", lee la moción presentada entonces.