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Critican orden del superintendente de la Policía

Por Javier Colón Dávila / [email protected] 04/25/2016 |07:38 p.m.
El superintendente de la Policía, José Caldero López, dijo que hay "un número elevado de policías desarmados". (Archivo)  
El Frente Unido de Policías Organizados truena contra el jefe policiaco tras emitir una orden general que les rebaja el sueldo a ciertos policías desarmados.

El presidente del Frente Unido de Policías  Organizados (FUPO), Diego Figueroa, tronó esta tarde contra el superintendente de la Policía, José Caldero López, quien firmó el pasado 22 de abril una orden general que busca reducirle el salario a los policías que se encuentran desarmados por más de un año.

En el escrito Caldero López establece que la Policía tiene un "problema real con un número elevado de policías desarmados" que asciende a unos 600 por diversas razones como violencia doméstica y condiciones emocionales. Indica en el escrito que la práctica por años en la uniformada ha sido asignar a estos policías a funciones civiles o clericales pero acto seguido hace alusión a que la propia ley orgánica de la agencia y la jurisprudencia aplicable le da espacio a la gerencia –tras 12 meses de tener a un policía desarmado- a culminar el empleo del trabajador si no está apto para realizar "labores inherentes del puesto".

?En respuesta a esto, Figueroa describió la acción de Caldero como "una puñalada".

"Él dice: ‘queremos salvarte el empleo, pero te vamos a quitar $200 (de salario mensual) y $400 en (reembolso de) uniformes’", dijo Figueroa en entrevista telefónica.

En el escrito oficial se establece que de la jurisprudencia del Tribunal Supremo no surge que el Superintendente de la Policía "esté obligado a reservar el empleo a un agente del orden público…". Acto seguido se indica que las rebajas en el salario y el reembolso de uniforme son medidas dirigidas a evitar "en pos de no dejar a los mismos (agentes desarmados) sin trabajo teniendo en cuenta la difícil situación económica en la Isla y a nivel internacional".

La orden general no aplica a policías desarmados por accidentes en el trabajo o policías que también son militares. 

"Esto se trata de que había una ley guardada y ahora la sacan", dijo Figueroa en referencia a la ley orgánica de la Policía que por años no ha sido puesta en vigor, al menos la parte que tiene que ver con la facultad del superintendente de separar de empleo a un policía desarmado por más de un año. 

"Él dice que no le aplica a los policías que han sufrido accidentes en el trabajo, pero es que la mayoría (de los desarmados) no es por eso", manifestó el líder gremial.

Según Figueroa, una buena cantidad de policías están desarmados porque tienen órdenes de protección vigentes aunque en procesos administrativos fueron liberados de toda culpa. 

El superintendente asociado de la Policía, coronel Juan Rodríguez Dávila, le dijo a este medio a finales de diciembre que había 897 policías desarmados de un total de 14,500 laborando en la agencia estatal.

De esta cifra, 135 policías fueron desarmados por enfermedades emocionales, 189 por enfermedad natural y 104 por licencias militares o acogidos a licencias sin sueldo, según el superintendente asociado, cuestionado sobre el asunto días después de que el agente Guarionex Candelario Rivera acabara con la vida de tres de sus compañeros en plena Comandancia de Ponce.

Candelario Rivera estuvo años desarmado por alegadas condiciones emocionales.

Por su parte, Figueroa alegó que FUPO cuenta con una lista de policías que supuestamente han sido señalados por la gerencia como "personas que protestan" y que serían los primeros en ser expulsados de la Policía bajo el amparo de la orden general. 

"Vamos a estar bien pendientes de esto y vamos a impugnar la orden en los tribunales y en donde sea", dijo Figueroa, quien sin embargo reconoció que primero FUPO esperará porque se inicien las vistas individuales a los policías para decidir el curso concreto de acción. 

Figueroa, quien hizo un llamado a sus asociados a que se comuniquen con el gremio en caso de ser citados, acusó a la división legal de la Policía, a quienes describió como el "comité de cuchilleros" de estar detrás de esta orden general, y acusó a la Policía de querer generar economías con la medida.

En la orden general se establece que a partir de la firma de la orden general los superintendentes auxiliares de la Policía tenían la encomienda de verificar que la información en el Registro de Empleados Desarmados esté al día. Luego el Negociado de Recurso Humanos tendrá cinco días para certificar a qué policías desarmados les aplicará la orden general y entregará las cartas de citación.

El policía contactado deberá acudir ante un comité que sostendrá una vista informal en la cual podrá llevar evidencia documental y hacer los planteamientos que estime.

El citado también podrá ir acompañado de un abogado y si así lo desea, reza el documento.

La determinación de la Policía sobre el status laboral del policía citado tendrá que ser notificada dentro de un período de 10 días después de la vista y el fallo podrá ser apelado en la Comisión Apelativa del Servicio Público.

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