El juez Elmer Rodríguez Díaz, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra cuatro imputados por el alegado fraude electoral en el municipio de Cataño para favorecer al actual alcalde, José Rosario Meléndez, del Partido Popular Democrático.

La secretaria administrativa del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Cataño, Marangeli Vilanova Santo Domingo, enfrenta cargos de apropiación ilegal de identidad, perjurio, archivo de documentos falsos y falsedad ideológica.

El director de Finanzas del ayuntamiento, Héctor Javier Santos Pagán; el abogado y director de Recursos Humanos del Cuerpo de Bomberos, Luis Osvaldo Cordero; y el comerciante, William Fuertes Romeu, encaran cargos de perjurio, archivo de documentos falsos y falsedad ideológica

Rodríguez Díaz impuso una fianza de $1,000 por cada cargo en el caso de los tres imputados y una fianza de $500 por cada cargo en el caso de la imputada. A todos concedió el beneficio del pago del 10% de fianza.

Pautó la vista preliminar para el 30 de diciembre.

 El fiscal Edmanuel Santiago Quiles, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, quien junto a la fiscal y Lorraine Pietri Colón representa al Ministerio Público, explicó que los imputados acudieron a la Junta de Inscripción Permanente (JIP) para reportar un cambio de domicilio, pero que de la investigación realizada se desprende que ofrecieron información falsa sobre su domicilio.

Estos cargos están relacionados a una querella que presentó ante la Comisión Estatal de Elecciones y el Departamento de Justicia, el representante del Partido Nuevo Progresista, Enrique Meléndez.

Esa querella tenía 17 nombres.

Pero de la investigación realizada, según Santiago Quiles, siete personas residían en el domicilio indicado y en caso de otras tres, los cargos habían prescrito.

Todavía quedan tres nombres bajo investigación. Los fiscales también investigan otra querella presentada por Meléndez y una tercera por el senador Carmelo Ríos.

Santiago Quiles no descartó la radicación de más acusaciones.

La licenciada Mayra López Mulero, quien representa a Cordero, afirmó que en su momento realizará planteamientos de derecho para impugnar los cargos en contra de su representado.

El licenciado Juan Colón Rivera, quien representa a Fuertes Romeu, cuestionó la radicación de cargos contra su cliente, quien no votó en las pasadas elecciones.

Sin embargo, el fiscal Santiago Quiles señaló que los cargos imputados estaban relacionados a acciones previas al acto de emitir el voto.

"Aquí las imputaciones no son por votar, sino por haber mentido bajo juramento", respondió.

Colón Rivera también planteó que los abogados defensores, que incluyen al licenciado Miguel Tomasini, pidieron al magistrado que aplazara la vista para encontrar causa para arresto en lo que atendía un proceso civil paralelo en el Tribunal de San Juan relacionado a este caso.

Ese pleito civil busca la desestimación de cargos y un juicio de novo, que es una petición de juicio nuevo cuando el caso ya se ha ventilado en un tribunal de menor jerarquía.

De este proceso en San Juan podría surgir prueba exculpatoria, pero los imputados también podrían ofrecer información que pueda usarse en su contra en el caso criminal.

Esta acción, según el licenciado, supone una especie de mordaza porque puede tener el efecto de que los imputados guarden silencio en el proceso civil.

"No quiero pensar que se trata de una estrategia para afectar el caso en San Juan", señaló Colón Rivera.

El fiscal Santiago Quiles, por su parte, rechazó la noción de la mordaza y apuntó que se trataba de dos procesos separados.