El exsenador convicto, Jorge De Castro Font, solicitó auxilio al tribunal por entender que no ha recibido créditos para disminuir su sentencia, aún cuando continuamente ayuda a las autoridades federales en otras investigaciones, como la de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese) y contra el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez.

De Castro Font indicó en la moción sometida por derecho propio y que se encuentra en el expediente de su caso, presidido por el juez federal Francisco A. Besosa, que desde antes de ser sentenciado a cinco años de cárcel el 17 de mayo de 2011, la fiscal federal Jacqueline Novas le dijo que "no tenía nada por qué preocuparse, que iba a terminar pronto su tiempo en prisión".

No obstante, al momento ha servido tres años y cuatro meses en una institución federal, y aún no ha recibido créditos para aminorar el tiempo a cumplir. Por lo anterior, el convicto está pidiendo una vista evidenciaria para atender su petición.

"El Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos ha mostrado mala fe contra Jorge De Castro Font después de toda su substancial asistencia durante los casi dos años que trabajó para ellos en varias investigaciones criminales federales, por lo que tiene que pedir asistencia a la corte para recibir sus créditos por su ayuda, su cooperación continua durante su encarcelamiento para poder recibir una disminución en su sentencia", lee la moción presentada por el propio convicto, cuya fecha de salida está pautada para febrero de 2015.

Destacó que durante su tiempo en prisión, continúa asistiendo a la fiscal Novas, al fiscal federal federal de División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington, Peter Koski, y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en dos pesquisas federales relacionadas a Acodese y al senador Menéndez, específicamente en diciembre de 2011 sobre la de Acodese y en mayo de 2013 sobre el senador.

El juez Besosa concedió a la fiscalía federal hasta el 15 de mayo para responder a la moción.

Dijo además que en abril de 2011 el Departamento de Justicia local indicó que no procesaría al exsenador Héctor Martínez y al empresario Juan Bravo por entender que no hacía falta porque fueron procesados a nivel federal. De Castro Font opinó que en su caso actuaron distinto ya que también lo acusaron a nivel estatal, al usar las declaraciones que hizo ante los fiscales estatales José Capó -hoy fiscal general- y Miguel Colón.

Acodese manifestó en mayo de 2013 que la investigación federal en contra de la entidad finalizó sin señalamientos, ni acusaciones. Durante la pesquisa contra De Castro Font surgió que le pagó $50,000 al entonces senador.

De Castro Font se declaró culpable en enero de 2009 por lavado de dinero y un esquema de extorsión y corrupción pública desde 1996 hasta 2008. Se apropió de casi $500,000 al exigir pagos y aceptar regalías a cambio de ejercer su influencia como presidente de la Comisión de Reglas y Calendarios del Senado para proponer, vetar o votar a favor o en contra de medidas legislativas.

En septiembre de 2012 se declaró culpable a nivel estatal por cargos relacionados y fue sentenciado a 10 años de prisión, a cumplirse concurrentemente con la pena federal impuesta.