La defensa de Alfonso Madrid Guzmán trata de minar la credibilidad de la agente encubierto que se hizo pasar por paciente del siquiatra para recibir de manera fraudulenta los beneficios de incapacidad de la Oficina de Compensación a Trabajadores por Incapacidad (OWCP, por sus siglas en inglés), informe que el galeno emitió y por lo que es acusado a nivel federal.

En el tercer día del juicio en su fondo ante el juez federal Daniel R. Domínguez, el abogado Juan Matos de Juan comenzó su turno de contrainterrogatorio a la agente de la Oficina del Inspector General (OIG) del Servicio Postal de Estados Unidos, quien se hizo pasar por el nombre de Elisa Fernández cuando visitó en cinco ocasiones la oficina de Madrid Guzmán.

Durante el interrogatorio de la fiscalía –representada por la subjefa María Domínguez y Amanda Soto-, “Fernández” indicó que fue referida al siquiatra por parte del fisiatra y coacusado Luis Faura Clavell. Ella indicó a ambos galenos que no quería volver a trabajar en el correo en Nueva York porque estaba divorciándose y quería mudarse a Puerto Rico con sus dos hijas, por lo que fingió que tuvo un accidente en octubre de 2011 y Faura Clavell le diagnosticó falsamente lesión lumbar y cervical. Para fortalecer su caso con uno de salud mental, la refirió a Madrid Guzmán, a quien en todo momento le dijo que se sentía bien, y así se desprende de los vídeos que tomó. El siquiatra le diagnosticó depresión, insomnio, ansiedad, pérdida de apetito, pobre atención y concentración, tristeza y aislamiento, “todo lo contrario a lo que yo le dije”, según la testigo.

El abogado le hizo una serie de preguntas relacionadas a su entrenamiento y sus deberes como agente encubierto, y le cuestionó por qué hizo reportes de los hechos en un mismo día, casi cuatro meses después de que visitara al siquiatra la primera vez. La agente explicó que no era la agente a cargo del caso, que no se requería que hiciera informes, pero que hizo un reporte porque en una de las visitas, no le dieron el recibo de pago de $50.

Matos de Juan –quien representa al acusado junto con Edgar Sánchez Mercado- le preguntó si recibió entrenamiento para ser “una mentirosa”, a lo que “Fernández” indicó que se le entrena para “pretender ser otra persona para probar o no una situación”.

El abogado le mostró el referido escrito de Faura Clavell a Madrid Guzmán, con fecha del 10 de julio de 2012, en el que dijo que no decía que se trataba de un caso falso ni fraudulento, a lo que la testigo indicó que así era.

“Fernández” contestó con “no sé” varias preguntas que le hizo Matos de Juan relacionadas a si personas que atraviesan por divorcios o dolencias de espalda o que se relocalizan podrían sufrir de depresión.

“Basado en su experiencia de vida, cuando alguien dice que no quiere volver a trabajar, ¿puede ser indicador de depresión?”, sostuvo el letrado/

“No sé”, insistió la testigo.

Al preguntarle por qué había dicho al siquiatra que no quería que en el Correo supieran que se mudó a Puerto Rico, dijo que era para que no la siguieran, dado a que era “un caso fraudulento”.

“¿Esa preocupación suya podría sonar como paranoia?”, manifestó Matos de Juan.

De inmediato, hubo objeción y las partes se reunieron en el estrado.

El contrainterrogatorio continúa esta tarde.

El inicio del juicio se retrasó esta mañana porque una de las jurados se sintió indispuesta de salud y tuvo que ir al médico, por lo que uno de los suplentes pasó a ser parte del jurado formalmente, que está compuesto por seis mujeres y siete hombres, uno de ellos sustitutos.

Faura Clavell hizo alegación de culpabilidad y fue sentenciado a año y medio de prisión, pero tiene hasta el 15 de abril para entregarse voluntariamente y comenzar a extinguir la pena.

Ambos acusados fueron arrestados el 5 de septiembre de 2013 por “emitir informe médico al Departamento del Trabajo de Estados Unidos falso y fraudulento”, según la pesquisa del operativo denominado “Hurting for money” o “Dolencias por dinero”. La acusación indica que le diagnosticaban a pacientes condiciones que no padecían para obtener los beneficios de OWCP a cambio de compensación económica.

En el caso de Madrid Guzmán, el acusado enfrenta tres cargos por emitir un informe médico fraudulento relacionado con una “paciente” referida por Faura Clavell. Los médicos recibían entre $150 y $1,000 por cada informe y certificación médica. Se expone a una pena de hasta cinco años de prisión.

Otras 10 empleados del Servicio Postal Federal fueron acusadas en este caso por reclamar dinero al programa federal alegando que sufrieron alguna lesión y no podían trabajar, recibiendo un 75% de su salario. Algunos recibieron el beneficio, por lo que se estima se agenciaron en total $3.5 millones.