Rumbo al Tribunal de Apelaciones y posiblemente al Tribunal Supremo van los abogados de los 10 guardias correccionales acusados de supuestamente agredir a 13 confinados en medio de un registro rutinario el 21 de marzo de 2013 en la cárcel de Bayamón.

Hoy debía comenzar el proceso de selección de jurado en la sala de la jueza Agnes Orriola Collado, del Tribunal de Bayamón, pero el proceso no inició porque la defensa va camino al Apelativo para tratar de revertir una decisión del juez Julio de la Rosa Rivé, quien declaró no ha lugar una petición de desestimación de cargos.

Ante el estrado de la magistrada, los abogados defensores Michael Corona Muñoz, José Valle Brenes, Ruz Torres Orengo, Antonio Martínez Vargas y Pedro Rinaldi Nun informaron a la magistrada su atención de llegar al máximo foro judicial si el Tribunal de Apelaciones rechaza su petición de desestimación de cargos y de paralización del proceso judicial.

También revelaron su intención de procurar reuniones con el Departamento de Justicia y el Departamento de Corrección y Rehabilitación para auscultar un posible acuerdo.

En esas conversaciones los abogados procurarán una transacción para disponer del caso criminal y del caso administrativo que enfrentan los oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales del Negociado de Instituciones Juveniles Lorenzo Ortiz Torres, Carlos Javier Otero Ortiz, Israel de Jesús Pérez, Ramón Cora Romero, Sigfredo José Acosta Acosta, Juan Josué Montero Negrón, Gabriel González Montalvo, Guarionex Galarza González, Nelson Rodríguez Aponte y el teniente Daniel Rodríguez Rodríguez.

Actualmente los 10 guardias correccionales están suspendidos de empleo y sueldo.

Durante la audiencia, el fiscal Jan Mangual Mangual también anunció que la fiscal Marian Santini se unirá al equipo del Ministerio Público en este caso.

"El fiscal informó que estaba preparado, pero la defensa ha traído unos asuntos procesales. El tribunal entiende que el derecho le asiste", apuntó la jueza.

Ante esta situación, dejó sin efecto las fechas reservadas para la selección de jurado y señaló una vista sobre el estado de los procedimientos para el 30 de septiembre.

Fuera de sala, el licenciado Corona Muñoz explicó a este medio que la Apelación enfatizará en los cargos de violación a la Ley de Armas.

Cada acusado encara cinco cargos de violación a la Ley de Armas por el uso indebido del roten y 13 cargos por agresiones menos graves relacionadas a otros golpes realizados sin el uso del roten.

"El roten es un instrumento de trabajo. No se usó de la manera incorrecta", apuntó.

Los abogados defensores plantean que los guardias correccionales siguieron el Reglamento para el Uso de Fuerza cuando intervinieron con los confinados de una unidad de máxima seguridad el 21 de marzo de 2013.

Señalan que los guardias usaron sus herramientas de trabajo para someter al orden a los confinados cuando se resistieron a un registro, en el cual se ocuparon drogas y otro contrabando.

También rechazan que los guardias actuaran de forma concertada para agredir a los confinados e insisten que ninguno de los confinados puede identificar de forma directo a los acusados.

El Ministerio Público, por su parte, señala que los guardias actuaron en concierto y común acuerdo cuando agredieron a los confinados con sus rotenes y les lanzaron gas pimienta durante el registro rutinario.

También asegura que los guardias usaron los rotenes de forma indebida contra varios confinados.