La defensa de la exlegisladora popular Maritere González presentó hoy un recurso de certiorari en el Tribunal Supremo de Puerto Rico para pedir la desestimación de los 13 cargos que pesan en su contra.

Según el abogado de la otrora senadora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Yuseph Lamboy, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) no tiene jurisdicción en este caso, sino la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Este es el tercer intento de Lamboy para que los cargos se desestimen. El juez superior Rafael Taboas, del Centro Judicial de San Juan, y el Tribunal de Apelaciones no le dieron paso a la desestimación anteriormente.

La presentación del recurso fue dada a conocer hoy, viernes, durante una vista de estatus de los procedimientos ante el juez Taboas, en la sala 606 del tribunal capitalino.

González enfrenta un cargo por violación a la Ley de Ética Gubernamental, cuatro por perjurio, cuatro por posesión y traspaso de documentos falsificados, y cuatro por falsedad ideológica.

Según la teoría del FEI, la exsenadora recibió ayuda financiera de Anaudi Hernández, exrecaudador del Partido Popular Democrático y exmiembro del comité de finanzas del expresidente cameral Jaime Perelló, a cambio de lograr la confirmación de Sally López como directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL). Como parte de esos alegados beneficios económicos, González vivió sin pagar alquiler en un apartamento de un socio de Anaudi y nunca lo notificó en sus informes ante la OEG.

De haber pagado, hubiese tenido que desembolsar alrededor de $43,000 en tres años.

“Nosotros estamos exigiendo la aplicación de una disposición de la Ley de Ética que establece que el director de la Oficina de Ética es el que tiene que hacer el referido inicial. En este caso no lo han hecho y estamos exigiendo que esa disposición se aplique. Si se aplica, se deben desestimar los 13 cargos”, afirmó Laboy a su salida de sala.

Mientras, el Fiscal Especial Independiente Ramón Mendoza comentó que la interpretación de la defensa está errada.

“Ellos tienen derecho a ir al Supremo para solicitar un certiorari, que es un mecanismo realmente discrecional. El Tribunal Supremo puede que lo atienda y puede que no. Nosotros respetamos ese derecho y en su momento, de ser necesario, nos expresaremos al respecto. El Tribunal de Primera Instancia tomó una determinación contraria a la posición de la defensa, lo hizo también el Tribunal de Apelaciones y nosotros entendemos, respetuosamente, que no le asiste la razón”, manifestó Mendoza.

El 21 de septiembre habrá una nueva vista ante el juez Taboas.