La vista está pautada para el 10 de diciembre ante la jueza Gisela Alfonso Fernández, del Tribunal de San Juan.

En una moción de dos páginas, los abogados Luis Rodríguez Rosario y Víctor Miranda Corrada argumentaron que el hombre de 28 años no fue orientado adecuadamente sobre sus derechos cuando cambió su alegación de inocencia por una de culpabilidad el pasado 14 de septiembre.

Ese día Rohena Vélez se declaró culpable de un cargo de homicidio negligente, en la modalidad menos grave por la muerte de la mujer de 38 años, y dos infracciones a la Ley de Tránsito, por abandonar la escena del choque y conducir con una licencia vencida la madrugada del 8 de febrero pasado.

Por estos cargos, se expone a una pena de tres años y medio de cárcel, que podría cumplir mediante el privilegio de una probatoria.

Como parte del trámite de la alegación de culpabilidad, los jueces orientan a los acusados sobre la renuncia al juicio jurado y sobre la posibilidad de que ese panel de ciudadanos pueda emitir un veredicto por mayoría de votos.

“Si bien el alcance de lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones (en el caso de Casellas Toro) no ha sido determinado, la decisión implica que el cambio de alegación del compareciente es susceptible de impugnación ya que no se orientó correctamente al Sr. Rohena sobre su derecho a juicio por jurado”, afirmaron los abogados en su escrito del 30 de noviembre.

En una decisión dividida, el pasado 24 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones resolvió que Puerto Rico es un territorio bajo la tutela del Congreso de los Estados Unidos y, que por tanto, aplicaba el principio de la unanimidad del jurado para rendir un veredicto de culpabilidad en los juicios por delitos graves. Por esa razón, concedió a Casellas Toro su petición de juicio nuevo.

“El desconocer de su derecho constitucional a un veredicto unánime influyó en la decisión del compareciente de declararse culpable”, puntualizaron Rodríguez Rosario y Miranda Corrada.

Ante esta situación, los abogados pidieron a la jueza Alfonso Fernández que mantenga en suspenso la vista de sentencia “hasta tanto se resuelva definitivamente si a los acusados por delito grave les asiste el derecho constitucional a un veredicto unánime en esta jurisdicción”.

La petición de suspensión indefinida ocurre luego de que la defensa de Rohena Vélez anticipó que impugnará el informe presentencia adverso que preparó la técnico sociopenal Manuela Carrión Quiñones y que no recomienda que se le extienda al ahora convicto el privilegio de la sentencia suspendida.

Al momento, las fiscales María Teresa Carro Lahongrais, Jimara Gabriel Maisonet y Lisette Sánchez Vázquez no han respondido a la solicitud de la defensa.