El Plan de Pensiones de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan y la Superintendencia de Escuelas Católicas y sus directivos fueron demandados por unos $100 millones en la corte federal por cientos de empleados y exmpleados beneficiarios de este programa de unos 15 colegios católicos de diferentes municipios del país.

El juez federal Gustavo Gelpí denegó un primer recurso de entredicho provisional pero le ordenó a la arquidiócesis que para antes del 12 de julio le sometan un recurso explicando porque no se debe encontrar causa a favor de los demandantes.

Según la demanda, desde el 2006 se invirtió el 80% del dinero en el fondo del plan en bonos del gobierno, que han perdido entre el 70% y 80% de su valor, y desde el 2009 comenzaron a incumplir con los demandantes, en el envío de información.

Los directivos del plan “meramente asistían a reuniones mensuales y estampaban su aprobación al juicio de sus firmas de corretaje, abdicando a su obligación de decisiones de inversión investigadas de forma independiente”, reza la demanda de 108 páginas radicada por el abogado Francisco Amundaray.

“Los fiduciarios y administradores del plan no estaban calificados para administrar inversiones de un plan de pensiones, basado en sus trasfondos educativos, experiencia, habilidades y conocimiento”, reza la demanda, que incluye a personas que han estado aportando al plan por más de 30 años.

Finalmente el pasado 14 de marzo se les informa a los demandantes que el plan sería eliminado por la “situación financiera del país”.

La demanda federal reclama que se le pague a cada demandante lo que se le debe y que se ordene la remoción de actuales directivos del plan, y que estos tengan que restituir $50 millones por las pérdidas sufridas por el plan, y pagar otros $50 millones por sus beneficios.

Otra demanda similar, pero solo relacionada a la Academia Perpetuo Socorro, fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.