Con un recurso legal de 31 páginas que enumera diversos atropellos emocionales, agresiones físicas y abusos sexuales, la mujer policía Yenetamie Díaz y su esposo Ángel Reyes demandaron en la corte federal al exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por $5,010,000.

En la demanda, la también testigo en el caso criminal contra O’Neill por agresiones sexuales relata que comenzó de policía municipal de Guaynabo en el 2009, cuando tenía 20 años, y que se acercó al alcalde a pedirle ayuda para colocar a su hija, estudiante de educación especial y con problemas de audición en un Head Start del Municipio.

O’Neill comenzó a invitarla a salir, y aunque ella no quería, finalmente accedió a cenar con el alcalde. Luego le pide tener sexo con él, y ella se niega al principio, a sabiendas de que era un hombre casado y una persona de mucho más edad que ella pero finalmente accede de relaciones sexuales consetidas.

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“Ella tenía miedo que la despidieran si se negaba”, reza la demanda.

Las relaciones sexuales fueron en un apartamento del alcalde o en una oficina del municipio, y no siempre eran consentidas.

“El alcalde O’Neill también violaba ala oficial Díaz repetidamente, cuando ella se negaba a tener sexo con él de forma voluntaria”, reza la demanda.

En el 2012 y 2013, también hubo episodios que el alcalde la golpeaba cuando estaba borracho, según la demanda. “Fue al Hospital Ryder de Guaynabo en más de una ocasión por las lesiones sufridas por las golpizas del alcalde O’Neill”, sostuvo.

En el 2014, la mujer policía termina su relación con el alcalde, y O’Neill se enteró en esa época que ella estaba saliendo con Reyes, un sargento dela policía municipal con buena reputación en el trabajo al extremo de que lo habían reconocido en el 2013 como sargento del año.

Pero el alcalde insistía en mantenerse con ella. La demanda alega que O’Neill la llamó al celular en repetidas ocasiones, y la mayoría de las ocasiones ella ignoraba las llamadas pero en algunas de las pocas que tomaba el alcalde la insultaba con términos como “puta”. Asimismo, para 2 de noviembre de 2015 el alcalde llegó a empujarla poco después que ella declinara su invitación a “regresar con él” durante un encuentro cara a cara entre ambos.

Mientras las condiciones laborales de Díaz continuaban empeorando, en enero de 2016 “Díaz entró a su oficina y encontró al al alcalde O’Neill sentado en la silla de ella, masturbándose. Poco después de verla, el alcalde eyaculó”.

Poco después que O’Neill descubre la relación, tanto la mujer policía como su esposo fueron removidos o degradados de sus posiciones.  A él lo movieron de división a una donde cobraba menos dinero, y a ella la removieron de la posición de directora de la División de Regulaciones y Asuntos Ambientales, la fueron arrinconando poco a poco en sus funciones, ella comenzó a escuchar comentarios sexistas relacionados a su trabajo que cuando estaba con O’Neill no recibía y todo llegó al extremo de que la llegaron a enviar a trabajar sola a vigilar en un área desde una caseta de madera con techo de zinc.

También se narran en la demanda varios incidentes en los que el alcalde pasa en su vehículo por la caseta donde ella estaba y le hacía comentarios, se mofaba o hacía gestos de naturaleza sexual.



En la demanda se alegan como causas de acción violación al derecho constitucional de libre asociación, daños por derechos civiles a nivel federal, violación a la ley estatal 100 de discrimen por género, y daños y angustias mentales bajo el Código Civil.

La mujer reconoce en la demanda que parte de las alegaciones en contra del alcalde fueron transadas en un acuerdo extrajudicial cuando ella se querelló de O’Neill ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC), pero se alega en la demanda que el alcalde incumplió ese acuerdo porque no se le restituyó a las funciones que originalmente tenía en el Municipio.

Esto es un caso civil  a nivel federal, separado del caso criminal contra O’Neill a nivel estatal, que está en espera de la celebración del juicio. Este proceso está pautado para comenzar el 26 de noviembre y se podría extender hasta el 11 de enero. El juicio sería por jurado.