El proceso de reubicación de un centenar de empleados del Departamento de Educación en la Policía, donde realizarán labores clericales, provocó hoy, jueves, el malestar de una veintena de esos trabajadores quienes protestaron por el sistema de reclutamiento.

Los empleados alegaron que fueron escoltados por agentes de la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía hasta la salida del Cuartel General al no querer someterse a la reubicación dispuesta por orden ejecutiva.

Diana Rosas, vicepresidenta de la Unión PASO (representante exclusivo del personal Profesional, Administrativo, Secretarial y de Oficina), denunció hoy que el proceso de transferencia de empleados que fueron clasificados como excedentes, es contrario a los acuerdos negociados con el Gobierno, a la luz de disposiciones de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal. 

“Primero le envían unas cartas a los empleados donde los están declarando excedentes y sus puestos están siendo posteados en las páginas de internet del Departamento de Educación (para empleos por contrato). Numero dos, los traen aquí (Cuartel General) en un proceso totalmente viciado; no hay representación de la agencia y a nosotros, sus representantes exclusivos no se nos permitió subir (al anfiteatro)”, denunció Rosas. 

Agregó, que tampoco tenían a un personal capacitado para aclarar dudas a los empleados y se les están llenando formularios como si fueran empleados nuevos, incluyendo pruebas de dopaje a las que fueron sometidos durante el día de hoy, a pesar de que fueron citados solo para una orientación. 

“No hay ningún documento que garantice que ellos van a tener una transferencia justa, sino es que tiene que someterse a todo el proceso de la agencia, pero no están representados. Encima de eso ellos están siendo intimidados en esa sala, los están obligando a firmar las solicitudes de empleo cuando ellos están siendo trasladados”, aseguró Rosas. 

Por su parte, el superintendente José L. Caldero López, aclaró que la Policía es una agencia de seguridad que exige de otros requisitos para el reclutamiento del personal el cual incluye también una investigación. 

“Esta es una agencia de seguridad y como a todo el que trabaja aquí se hace una investigación, se verifica que no tenga record criminal y se le hace pruebas de drogas. Nosotros necesitamos de ellos y tenemos las plazas para nosotros poder sacar los policías que tenemos para la calle”, sostuvo el funcionario. 

En la Policía hay 1,208 policías asignados a labores clericales. 

De su lado, la líder sindical indicó que aquellos empleados que se negaron a llenar la solicitud pero que pidieron escuchar la orientación fueron desalojados de la sala bajo la alegada amenaza de ser acusados de insubordinación e incluso estar en riesgo de perder sus empleos. La mayoría de estos empleados civiles llevan entre 20 a 30 años en el servicio público, puntualizó. 

“Los traen escoltados como su fueran criminales”, reiteró la portavoz.

De otra parte, el presidente de la local 3840 (SPU-PASO) de Servidores Públicos Unidos, Mikey Rivera, adelantó que se propone acudir a los tribunales con un recurso legal para paralizar el proceso, que dijo no está estandarizado. 

“Entendemos nosotros que es un proceso ilegal porque a ellos no se les convocó para entregar documentos ni para hacer pruebas de dopaje”, comentó Rivera, al indicar que tampoco hubo representación del DE. 

La unión acudió también a la Comisión Apelativa del Servicio Público para impugnar el traslado de estos empleados.

Uno de los reubicados fue David Domínguez Rosa, un empleado con 26 años de servicio en el Departamento de Educación que realizaba labores de administración en Cayey, cuyo puesto está clasificado como auxiliar de contabilidad. 

“Nos dijeron que teníamos que seguir con el proceso e inclusive nos amenazaron con que si no llenábamos la solicitud nos podríamos quedar sin empleo porque eso es insubordinación. Nos obligaron a hacer la prueba de dopaje. Nos están pidiendo un montón de papeles como seguro social, planillas, 5 referencias de personas que vivan contigo, cinco referencias de personas que no vivan contigo”, dijo Domínguez. 

El trabajador indicó que piensa apelar el traslado y que impugnaría hasta las últimas consecuencias en el foro administrativo y judicial su transferencia a otra agencia. 

Otra de las empleadas afectadas, identificada como María Castro, indicó que no estaba de acuerdo con el proceso ya que no estudió para trabajar en la Policía. La empleada trabajó durante 20 años en el DE ejerció labores durante los pasados 10 años en el distrito escolar de Carolina como artista gráfico. 

“Yo soy madre soltera, con tres niños menores en tres escuelas diferentes y su único transporte y su única familia y yo no puedo estar en un sitio fuera del alcance de mis hijos y que ponga en riesgo mi vida”, comentó Castro. 

Caldero López, mientras, insistió en que los años de experiencia, el salario y los beneficios adquiridos por esos empleados no se verán afectados. Recordó que al momento también han reclutado a nueve empleados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sin contratiempos. 

"Nosotros los estamos esperando con los brazos abiertos”, sostuvo el Superintendente.