El exvicepresidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Pérez Canabal, volverá al Tribunal de San Juan este viernes para enfrentar nuevamente acusaciones por supuestamente participar en un esquema de fraude para otorgar contratos de energía renovable en la corporación pública.

También regresarán al centro judicial Roberto Torres Torres, contable de Pérez Canabal, y Francisco Santos Rivera abogado de la División Legal de la AEE.

El pasado 28 de octubre una jueza municipal no encontró causa para el arresto del trío, pero el Ministerio Público acudió en alzada.

Ese segundo turno al bate está señalado para iniciar este viernes a las 8:30 a.m. en la sala 1107, que preside el juez Enrique Arias Maldonado, confirmó a este medio Ileana Velázquez Lugo, Oficial de Información de la Oficina de Prensa y Relaciones con la Comunidad de Tribunales.

Pérez Canabal, quien abandonó el cargo en el cuerpo rector de la AEE en medio de señalamientos de conflicto de interés, enfrentará cargos por intervenciones indebidas, fraude y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Torres Torres encarará cargos por fraude e intervenciones indebidas, mientras que Santos Rivera afrontará denuncias por intervenciones indebidas y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Los fiscales Yaritza Carrasquillo Aponte, Vilmary Rodríguez Pardo y Edwin Torres de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia representarán al Ministerio Público en este proceso.

En la primera vista para encontrar causa para arresto Pérez Canabal estuvo representado por los abogados José Andreu Fuentes, Griselle Sepúlveda y Heriberto Sepúlveda.

El licenciado Juan Ramón Acevedo Cruz representó a Torres Torres, mientras que los abogados Jorge Gordon Menéndez, Edwin Prado Galarza y Juan Armando García representaron a Santos Rivera.

Según el Ministerio Público, Perez Canabal "ayudó y conspiró" para que la Junta de Gobierno de la AEE viabilizara las resoluciones que permitieron varios contratos de energía renovable con Torres Torres.

Mediante este alegado esquema, los imputados cometieron un fraude que ascendió a $22 millones, de acuerdo a los fiscales.

Los abogados defensores, por su parte, han rechazado las acusaciones contra sus clientes y han insistido en que este caso se radicó por motivaciones político-partidistas.