Así se desprende del testimonio que ayer continuó ofreciendo Héctor Vargas primer testigo en el juicio contra cuatro coacusados de corrupción gubernamental.

Los acusados son Sally López, ex directora de la Administración de Derecho Laboral (ADL); Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); su hermana Marielis Falcón, así como Glenn Rivera Pizarro, ex asistente del administrador de la Cámara de Representantes.  

El grupo enfrenta cargos de mal uso de fondos públicos, soborno y conspiración para cometer fraude electrónico.

Durante su testimonio ayer, Vargas admitió que obtuvo detalles sobre las propuestas de sus competidores y eso les permitió a Anaudi y sus socios ser los licitadores de menor costo para ofrecer el servicio y llevarse la subasta amañada.

Un correo electrónico entre el grupo de socios reveló que debían reducir el dinero que estaban pidiendo, así como la cantidad exacta que ofrecía e mejor licitador, aunque el testigo reconoció que eran datos que ellos no debían saber.

“ Mariconzon hay que bajarle $100 mil a la propuesta… La propuesta más cara es d $154,000” indica la comunicación entre los socios.

A pesar de que de los amigos de Anaudi  hacían todo lo posible para agenciarse el contrato, era tanta la ignorancia en el tema de las telecomunicaciones, que ni siquiera tenían la licencia requerida por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

Para colmo, cuando por fin llenaron los documentos para estar en ley al menos ante la FCC, no detallaron el servicio que precisamente le ofrecían a la Cámara de Representantes.

En otro intercambio de correos electrónicos, el único que aparentemente sabía algo del tema, Ramses Maldonado, los cogió por el cuello y les pidió que arreglaran el entuerto.

“Esta forma está mal hecha marcaron non interconected VoIP… este el servicio que precisamente  estamos ofreciendo a la Camara de Representantes y a todas las agencias”, les advierte Ramses en ese correo.

Según el testigo, la información privilegiada sobre las propuestas de los otros competidores se las ofreció Víctor Burgos exdirector de la Oficina de Información y Tecnología la Cámara de Representantes, quien ya se declaró culpable de participar en el esquema.

Otros documentos presentados en sala revelan que se abrió una convocatoria en la que los interesados en dar el servicio de telefonía en la Cámara Baja apenas tenían una semana para someter sus propuestas. A esa fecha ya los socios de Anaudi habían sometido seis versiones distintas del servicio que ofrecerían. Tres meses después de que cerrara la convocatoria, todavía sometieron cuatro versiones más, para un total de 10, hasta que finalmente el 12 de diciembre de 2013 se firmó el contrato por $13,500 mensuales para el servicio de voz.

El testigo no pudo detallar de quién era la firma en el contrato pero indicó que Xavier González entonces administrador de la Cámara de Representantes y que también se declaró culpable del esquema, fue quien lo firmó a nombre del presidente cameral Jaime Perelló.

Mediante emails se pudo establecer que mientras se daban las revisiones a la propuesta y las negociaciones, al mismo tiempo el grupo de Anaudi iba a reuniones del comité de finanzas de Perelló. En esas comunicaciones volvió a salir Liza Ortiz actual directora de campaña del actual candidato a la gobernación David Bernier.

Trascendió igualmente ayer que en las oficinas de 3CommGlobal y Links, empresa incorporada por el exsenador y excomisionado electoral del PPD, Eder Ortiz, tenía un área de “cafetería” aunque por las fotos mostradas era claro que se trataba de una barra con bebidas alcohólicas para ofrecerlas a los clientes.

A preguntas del fiscal José Capo Iriarte, Vargas recordó que sus clientes eran personas que trabajaban en el gobierno. Además dijo que tanto Sally López como Xavier González y Luis Castro director de la Administración de Servicios Generales (ASG) estuvieron en esas oficinas.

El testigo relató además que 3CommGlobal y Links tenían cuentas en el First Bank, pero para junio de 2014, cuando comenzaron a sonar sus nombres por la relación de Anaudi con el contable metido en líos judiciales Lutgardo Acevedo, el banco cerró las cuentas. Pero ni corto ni perezoso, el testigo se fue y abrió otra en el Oriental Bank.

Más adelante a preguntas de los abogados de defensa, el testigo admitió que tiene un caso pendiente en el Centro Judicial de San Juan por no radicar planillas. Su deuda actual con el gobierno por concepto de contribuciones es de $80,000.

También tiene pendientes otros casos en el Centro Judicial de Mayagüez, porque un amigo suyo comerciante del área de Aguadilla le prestó dinero. Cuando el testigo fue a pagarle, le entregó un cheque por $150,000 sin fondos.

El testigo reconoció a preguntas del abogado de Sally López, Joaquín Monserrate Matienzo, que gracias a su acuerdo con la fiscalía federal se expone a un cargo y a una sentencia más suaves de las que enfrenta Sally.

Asimismo el abogado quiso establecer que pudiera configurarse el cargo de lavado de dinero en su contra ya que los pagos que recibía Anaudi era a través de una red de compañías inscritas por otras personas, que luego le hacían legar el dinero.

Según Vargas, por no dejar de tener hasta asesoraron a una empresa que se contactó con el Departamento de Hacienda para implementar en la Isla la videolotería, pero el negocio no se concretó.

En el contrainterrogatorio Vargas indicó además que si lograron contratos con distintas agencias de gobierno fue por las conexiones políticas de Anaudi  y que hasta entonces él no había pensado “envolverme en hacer negocios con el gobierno”, mientras que nunca antes en sus otros trabajos hizo una cantidad de dinero tan alta como después “de entrar al negocio de la política” .

El testigo admitió que Sally no estaba incluida en los correos electrónicos en los que se cita a las reuniones del comité de finanzas de Perelló pero luego hizo hincapié de que al menos en una Sally participó.

Luego pareció contradecirse porque en su declaración al gran jurado alegadamente nunca mencionó que Anaudi cabildeara en el Senado a favor de Sally ni que ella gustara de tomar champán rosado en las actividades en las que compartían. Ni siquiera mencionó al gran jurado que Sally estuviese en el concierto de Don Omar cuando Anaudi celebraba su cumpleaños en la suite del gobernador.

Luego entró en debate lo que significa “cosas de valor” cuando los abogados trataron de establecer que ni Sally ni Ivonne recibieron dinero de parte de Anaudi a cambio de los contratos a sus empresas fantasmas. Aunque el fiscal insistió en que una cena o un almuerzo no son gratis sino que alguien tiene que sacar la cartera y pagar.

Sobre los contratos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados el testigo dijo que al momento de firmar uno de esos acuerdos estaban presentes Nancy Cortés encargada de los seminarios a los empleados y Rubén Lugo director de Recursos Humanos. Admitió que en ninguno de eso documentos aparece la firma de la exvicepresidenta y acusada Ivonne.

Declaro además que Ivonne nunca ofreció ni le pagó algún soborno. Pero a preguntas del fiscal dijo que esta nunca rechazó que ellos pagaran todos los gastos.

Para esos trabajos en la AAA tampoco tenían experiencia.

Un cabo que pareció quedar suelto fue la mención del reconocido abogado del PPD Pedro Ortiz Alvarez, quien aparentemente asesoró al testigo en un negocio que quiso establecer después de que Alejandro García Padilla ganara las elecciones. Sin embargo, no entraron en más detalles.

Hoy (viernes) en el tercer día de desfile de prueba regresa Vargas a la silla de los testigos.