Descentralizar la Unidad de Rescate de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), dar responsabilidad a los agentes en el cuido de las patrullas, reforzar la prevención estratégica contra el narcotráfico y readiestrar a los uniformados en el uso pertinente del arma de reglamento fueron parte de recomendaciones hechas por el senador popular Miguel Pereira a Estrella Mar Vega, la principal asesora legal del superintendente de la Policía, Héctor Pesquera.

Pereira, quien fue superintendente de la Policía, pareció esbozar parte de lo que debe ser una reforma a corto plazo en la agencia que dirigió desde diciembre de 2001 hasta principios de 2003, mientras presidió una vista pública en la que recién testificó la abogada Vega y portavoces de FURA que se pronunciaron sobre varios proyectos de ley en los que se sugieren cambios a la Ley de Armas.

Sobre la necesidad de intensificar la prevención estratégica, particularmente en los muelles y aeropuertos, a preguntas de Pereira, la licenciada Vega respondió que al presente se afina un acuerdo para poder asignar en destaque a policías estatales en puertos y aeropuertos, como parte de un nuevo plan contra el trasiego de armas de fuego y drogas utilizando esas instalaciones.

Vega se refirió a la propuesta creación de la Superintendencia Auxiliar de la Policía de Puertos, adscrita a FURA, mediante la que agentes estatales reforzarían la vigilancia con personal federal adscrito a labores de seguridad en los puertos, así como en los aeropuertos regionales y en el recién privatizado aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, Carolina.

Aerostar tiene que pagar

En el caso de la mayor instalación portuaria del país, operada ahora por la compañía Aerostar, la asesora legal de Pesquera, cuyo contrato como superintendente de la Policía acaba de ser extendido por un mes más, manifestó que esa empresa tendría que pagar el diferencial o incentivo salarial extra de los agentes que sean puestos en destaque para reforzar la vigilancia en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Preguntada al respecto sobre el tema, Vega dijo a este medio que por tratarse de un asunto de "seguridad nacional", la empresa Aerostar está obligada por disposición constitucional a cubrir los pagos complementarios del personal que el Estado asigne en el aeropuerto internacional.

Pereira, quien también dirigió la Autoridad de los Puertos, tomó nota sobre ese asunto pendiente con Aerostar, pero también preguntó a Vega y a directivos de FURA detalles operacionales sobre ese importante equipo policiaco. El senador fue informado, por ejemplo, de que la Unidad de Rescate de FURA tiene solo una veintena de agentes centralizados en San Juan.

Para el senador estadolibrista, esa centralización no es adecuada por el tiempo de respuesta para atender emergencias en zonas distantes de la capital. Los portavoces de Pesquera dijeron a Pereira que solo en casos excepcionales personal de la Unidad de Rescate se moviliza por aire para responder a situaciones en las que es necesario su intervención.

En la mayoría de las ocasiones viajan por carreteras y Pereira opinó que "hay que descentralizarla y de lo contrario es mejor no tenerla". También dijo que no favorece que esos agentes de rescate expongan su vida para salvar bañistas irresponsables como ciertos "surfers" que ignoran las órdenes de las autoridades sobre alejarse del mar en situaciones de oleaje fuerte, como ocurre ante la inminencia de tormentas o huracanes.

Diferencial por cuidar patrullas

Pereira cuestionó a Vega sobre el estatus de la flota vehicular y respaldó trámites para eliminar la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales de todo lo relacionado con las patrullas y otros vehículos de motor en la Policía. Un plan a esos fines está en proceso de completarse, con el objetivo de reducir gastos, entre otros objetivos, según los portavoces de Pesquera.

Según Pereira, en la Policía debería fomentarse el cuido de las patrullas entre los agentes a quienes se les asigne una unidad como una de las herramientas principales de su trabajo. Observó lo que le parece un fenómeno positivo entre los motociclistas policiacos, quienes, contrario a los de otras divisiones, se esmeran por dar mantenimiento a sus vehículos.

En ciertas áreas, los policías también compran de su propio pecunio piezas para arreglar patrullas defectuosas, pero en general, según observó Pereira el mantenimiento y cuido por iniciativa propia es más patente entre los motociclistas.

A su juicio, se debería "conceder un incentivo a los policías por el mantenimiento de su patrulla". A diciembre de 2012 la flota de la Policía ascendía a 6,000 vehículos y las deficiencias mayores se centraban en los autopatrullas.

Otro tema explorado por Pereira al entrevistar a Vega y a los capitanes Jaime Sifontes y Joaquín Rodríguez en una audiencia de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado, se relaciona con el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre violaciones de derechos humanos por parte de policías estatales.

Vega respondió que la Policía recibe apoyo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico para poner en vigor una serie de programas que incluyen Comités de Interacción Ciudadana y que promoverán talleres sobre derechos constitucionales como la libertad de expresión, manifestaciones y la responsabilidad del Estado.

Como parte de los señalamientos en ese informe que documenta en detalle actuaciones de policías que han empañado el nombre de la agencia con violaciones de los derechos civiles, el Colegio Universitario de Justicia Criminal, en Gurabo, tiene que implantar un nuevo currículo que refuerce los temas de derechos humanos.

Pereira también pidió una reunión entre Pesquera y el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, para adoptar directrices claras sobre el uso de fuerza letal en la Policía, de forma tal que los agentes no se expongan a riesgo innecesario cuando su vida está en alto riesgo, si son acechados con un arma por un ciudadano o varios que desacaten sus órdenes.