La jueza Gisela Alfonso Fernández del Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó este lunes los cargos en alzada que le radicó el Departamento de Justicia al exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Pérez Canabal.

Al exfuncionario de la administración del exgobernador Luis Fortuño se le imputaba un alegado esquema de fraude para otorgar contratos de energía renovable.

“Siento que se ha reivindicado mi nombre”, fueron las únicas expresiones que hizo a la prensa Pérez Canabal a su salida del tribunal, acompañado de familiares y de su abogado, José Andreu Fuentes.

Contra Pérez Canabal pesaban cuatro cargos por intervenciones indebidas en operaciones gubernamentales, un cargo de fraude y tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

También fueron exonerados de cargos los coacusados en el caso, Roberto Torres Torres, quien era el contable de Pérez Canabal, y Francisco Santos Rivera, abogado de la División Legal de la AEE.

El pasado cuatrienio, Fortuño le pidió la renuncia a Pérez Canabal y lo refirió a Justicia en medio de señalamientos públicos sobre el manejo de los proyectos de energía renovable.

“Hicimos el trabajo de presentar toda la evidencia. Estamos todavía convencidos de que hubo actuaciones indebidas por parte del señor Canabal, pero esa es la evaluación y la decisión de la jueza y la acatamos”, dijo el fiscal, Alberto Valcárcel Ruiz, jefe de la División de Integridad Pública, quien lideró la prueba junto con los fiscales, Vilmary Rodríguez Pardo, Yaritza Carrasquillo Aponte y Edwin Ortiz Ortiz.

Valcárcel reconoció que esta era la última oportunidad del Ministerio Público de radicar el caso.

Andreu Fuentes dijo por su parte, que estaba muy satisfecho con la determinación de la jueza Alfonso.

“No solo ha quedado reivindicando mi cliente, sino la jueza que originalmente vio el caso, a quien le hicieron una serie de acusaciones injustas”, indicó el letrado.

 “Ha quedado validado por otra jueza de mayor jerarquía lo que siempre hemos dicho de que no había la más mínima evidencia de ningún delito”, sostuvo Andreu Fuentes.

Otro de los abogados de defensa, Jorge Gordon Menéndez, dijo que era “clara” la determinación del Tribunal. “Ellos (los fiscales) nunca tuvieran prueba contra el señor Francisco Santos”, señaló Gordon.

Tan pronto la jueza anunció el fallo se escuchó un murmullo y sin que todavía Alfonso Fernández hubiera cerrado los trabajos en la sala 1101, uno de los imputados, Torres Torres, quien es abogado no revalidado, se acercó al fiscal Valcárcel, lo tocó por la espalda y lo increpó. Le dijo que parecía fuerte, pero era débil.

La jueza llamó al orden, pero dijo que no se percató de nada.

“Me hizo unas expresiones que no vale la pena repetir, que denotan el tipo de persona que es Torres Torres”, indicó a la prensa el fiscal, mientras Torres Torres salía por el pasillo del tribunal junto con sus abogados, Ana González Cabrera y Pedro Santiago.

Torres Torres encaraba un cargo por fraude y cuatro por intervenciones indebidas en operaciones gubernamentales, mientras que Santos Rivera enfrentaba cuatro cargos por intervenciones indebidas en operaciones gubernamentales y tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Según el Ministerio Público, Perez Canabal "ayudó” para que la Junta de Gobierno de la AEE viabilizara las resoluciones que permitieron varios contratos de energía renovable con la empresa Tropical Solar Farm, entre junio del 2011 a mayo del 2012.

La empresa, que presidía Torres Torres, posteriormente cambió su nombre a Jonas Solar Energy.

Según Valcárcel Ruiz, el ingeniero Pérez Canabal utilizó su puesto con el "único propósito de hacer millonario a Roberto Torres Torres", su amigo y contable.

El fiscal aseguró en las argumentaciones finales que antes de que se aprobaran las resoluciones de la Junta de Gobierno que viabilizaron los contratos, Torres Torres había iniciado conversaciones procurando inversionistas para sus propuestas.

Señaló que como parte de esas movidas Torres Torres obtuvo los $200,000 que pagó a la AEE por el contrato de Tropical Solar Farm, empresa que dijo no cumplía con los requisitos para que se le extendiera dicho contrato.

La defensa alegó por su parte, que este caso se radicó por motivaciones político partidistas.