El exsenador Antonio Soto Díaz y su esposa Agnes Lopés Santiago regresaron esta mañana al Tribunal de San Juan para el acto de lectura de acusación por los cargos de evasión contributiva que enfrentan.

Vestido con un traje dorado y una camisa verde, el polémico expolítico y su consorte ofrecieron al juez Harry Massanet Pastrana sus datos generales como parte del trámite ordinario de la vista.

Soto Díaz indicó que lo conocían por el nombre de "Chuchin", mientras que Lopés Santiago divulgó que la apodaban "Ne".

El magistrado no leyó los folios de las acusaciones porque el abogado Pedro Rivera Martínez, quien representó a ambos para efectos de esta audiencia, los dio por leídos.

Cada uno enfrenta tres cargos de evasión contributiva. El exsenador también encara tres violaciones a Ley de Ética Gubernamental.

Así las cosas, el primer señalamiento de juicio quedó pautado para el 12 de noviembre.

Durante la breve audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales especiales independientes Emilio Arill García y Manuel Núñez Corrada y el fiscal Carlos Romo Aledo, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.

A su salida de sala, la pareja no realizó comentarios.

El Ministerio Público imputa a la pareja no reportar un ingreso aproximado de $241,370 en sus planillas de los años 2009, 2010 y 2011 para evitar el pago de contribuciones.

Originalmente los fiscales imputaron a la pareja no reportar un ingreso aproximado de $481,000 en esas tres planillas, pero tras analizar la prueba y para encontrar causa para juicio, el juez Enrique Silva Avilés redujo la cifra de ingresos no reportados a casi la mitad.

Las tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, que enfrenta el expolítico penepé, responden al supuesto incumplimiento o falsificación de información en los informes que radicó ante la Oficina de Ética Gubernamental en el 2009, 2010 y 2011 cuando se desempeñaba como senador.

En otro proceso separado, Soto Díaz encara 26 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos y por falsificación ideológica.

Estos cargos están relacionados al supuesto cobro ilegal de $2,106 en dietas legislativas, mientras el entonces senador se encontraba de viaje en la República Dominicana.

A petición de la licenciada Grisel Hernández Esteves, el próximo 8 de octubre se celebrará una vista para atender su moción solicitando la desestimación de estos cargos.