El Senado devolvió hoy, viernes, a la Comisión de lo Jurídico el proyecto de ley que propone transferir a la Policía las funciones y el personal del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), actualmente adscrito al Departamento de Justicia. 

La medida, que es rechazada por una mayoría de los agentes del NIE, fue devuelta por la Comisión de Reglas y Calendario, pese a que estaba acompañada de un informe positivo.

“No hemos examinado la razón (de la devolución). Eso es lo que estamos tratando de conocer”, dijo a este medio la directora ejecutiva de la Comisión de lo Jurídico, Lenabel Alvarado. 

La funcionaria explicó que la pieza legislativa, de la autoría del presidente de la comisión, Miguel A. Pereira, fue evaluada en dos vistas públicas y luego se recomendó su aprobación.

En las audiencias, la abogada Denise Maldonado Rosa, portavoz de los agentes y del personal administrativo del NIE, argumentó que la pieza legislativa carecía de un análisis que sustente que la transferencia de los agentes de investigaciones especiales redundará en un mejor desempeño de la Policía. Planteó, además, que ambas entidades cumplen funciones diferentes.

El NIE cuenta con 151 agentes y se compone de seis divisiones, entre ellas la de Investigaciones contra el Crimen Organizado, la de Integridad Pública, la de Capacitación y Apoyo Técnico y la INTERPOL. Según la abogada, el proyecto acabaría con cinco de las seis unidades.

Maldonado Rosa también planteó en una de las audiencias que existe preocupación en torno a la seguridad de los oficiales que podrían ser transferidos, pues entre las responsabilidades del NIE figura investigar denuncias criminales que involucren a policías.

El secretario de Justicia, César Miranda, y el superintendente de la Policía, José Caldero, respaldaron el proyecto de ley, que busca fortalecer el componente investigativo y el esclarecimiento de delitos en la Policía.

La Cámara Alta no dio paso tampoco a las enmiendas sometidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 733, que establece que cuando el Gobernador convoque a la Asamblea Legislativa o a cualquiera de sus cuerpos a sesión extraordinaria para considerar designaciones de funcionarios a puestos que requieran consejo y consentimiento, la convocatoria deberá especificar el puesto o cargo para el cual se hace la designación, así como el nombre completo del nominado.

La medida fue referida a un comité de conferencias, que integrarán los senadores Ángel Rosa, Cirilo Tirado, José Luis Dalmau, Larry Seilhamer y María de Lourdes Santiago, quienes buscarán un acuerdo con sus homólogos de la Cámara. 

Por otra parte, el pleno de senadores avaló un proyecto de ley que prohíbe a cualquier entidad comercial el cobro por el envío de facturas en papel sin el expreso consentimiento del consumidor.

La medida destaca en su exposición de motivos que "no se puede obligar al consumidor a poseer un servicio de comunicación electrónica para consultar sus facturas, ya que las mismas son un documento que por derecho se debe recibir gratuitamente. El derecho del consumidor a recibir la factura en papel no debe quedar condicionado al pago de cantidad económica alguna”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de empleos, Luis Daniel Rivera Filomeno, presentó el informe sugiriendo la aprobación de la medida, tras revisar las posturas del Departamento de Justicia, el Departamento de Asuntos del Consumidor, la Oficina del Procurador del Ciudadano y la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

También fue aprobada otra medida de la Cámara que busca enmendar la Ley de Municipios Autónomos, de manera que los gobiernos municipales realicen un inventario de sus atracciones turísticas, naturales y culturales, así como una relación de los terrenos y propiedades de valor histórico-cultural con potencial de desarrollo turístico, para someterlos a consideración de la Compañía de Turismo (CT), a fin de que puedan ser incluidos en el Plan Maestro de la CT y en el Plan de Ordenamiento Territorial.

El Senado aprobó, además, un proyecto de ley que designa la carretera PR-250, que discurre desde el aeropuerto de Culebra hasta la Playa Flamenco, con el nombre de "Hermanos Ávila Esperanza", y un proyecto que enmienda la Ley de Viajes Estudiantiles a los fines de disponer que los viajes bajo el programa dispuesto en la legislación se realicen dentro de Puerto Rico.