Como ya había anticipado, la Diócesis de Arecibo impugnó el pasado 25 de abril ante el Tribunal de Apelaciones la orden judicial que exige la entrega de documentos sobre los alegados abusos sexuales que seis sacerdotes expulsados cometieron contra al menos 20 menores.

Así lo confirmó el licenciado Frank Torres-Viada, abogado de esta región de la Iglesia Católica, en entrevista radial hoy, jueves (NotiUno).

Esta movida se produce en respuesta a la orden del juez superior Ángel Pagán Ocasio, quien a principios de abril dictó un plazo de 15 días para que la Diócesis de Arecibo entregara al Departamento de Justicia todos los documentos en los que se precisan detalles de los casos de abuso sexual contra unas 20 víctimas.

Torres-Viada reiteró que, a su juicio, la sentencia de Pagán Ocasio comete el “error fundamental de ordenar la entrega de la totalidad del expediente” sin haber examinado ni determinado qué información es confidencial y privilegiada.

“El tribunal tiene que constatar y examinar lo que dice el documento. No se puede ordenar un remedio como ese en el vacío”, dijo el abogado.

“Entendemos muy respetuosamente que el juez cometió un error de derecho, porque tenía la obligación de examinar los documentos en cámara antes de ordenar la divulgación o no de los mismos”, expresó Torres-Viada.

Además de este alegado error, el letrado insistió en que el proceso viola el derecho a la intimidad de las víctimas.

“Se trata de personas adultas que le han solicitado a la Diócesis que no revelen su información privada y confidencial”, señaló.

Torres-Viada explicó que los reclamos eclesiásticos tocan además el ejercicio de la libertad de culto que, en el caso de la Iglesia Católica, incluye el principio de que la confesión de un feligrés a un sacerdote se hace en estricto secreto.