Cabizbaja y llorosa, Doreli Pagán Castro se mostró arrepentida previo a ser sentenciada a un año de probatoria por apropiarse de $29,800 de incapacidad del Seguro Social basado en alegaciones falsas.

"Pase la página y riegue la voz de que no paga hacer algo como esto", le recomendó el juez federal Jay A. García Gregory al emitir la sentencia.

Pagán Castro, de 41 años, hizo alegación de culpabilidad el 23 de enero pasado por someter la petición de incapacidad el 21 de agosto de 2010, alegando que no podía trabajar por problemas de la espalda, síndrome del túnel carpal, condición cervical, depresión y adormecimiento de las extremidades. Recibió $1,004 mensuales para un total de $58,416.30, y $9,584 por dos dependientes.

La secretaria de profesión deberá restituir $29,800 a la Administración del Seguro Social, lo que podrá hacer mediante un plan de pago de $25 mensuales, según dispuso el juez.

"Quiero decirle que estoy arrepentida de cometer estos actos. Perdón a su señoría y al gobierno de Estados Unidos, y disculpas a mi familia. Les agradezco por haberme acompañado durante todo este proceso. Ahora, a seguir adelante", expresó Pagán Castro llorosa y con pañuelo en mano.

Su abogado fue Luis Guzmán Dupont y la fiscal del caso, Maritza González Rivera.

La hoy convicta fue arrestada el 21 de agosto de 2013, al igual que otras 74 personas acusadas por cometer fraude contra la Administración del Seguro Social como parte del operativo "Dinero Fácil", el cual dejó al desnudo el esquema de fraude por alrededor de $6 millones.

Entre los detenidos, estuvieron los médicos Wildo Vargas, Erica Rivera Castro y Rafael Miguez Balseiro, además del exempleado de dicha agencia federal, Samuel Torres Crespo, quien fue señalado como el principal gestor del fraude y recibió $3.4 millones por procesar solicitudes de seguro de incapacidad basados en información falsa.

El acusado se retiró de la agencia en 2008, luego de 30 años de servicio, y fue quien supuestamente refirió a los 71 coacusados para que fueran a atenderse con el fisiatra Vargas y los psiquiatras Rivera Castro y Torres Crespo.

Los galenos supuestamente se inventaban condiciones físicas y de salud mental para que los acusados solicitaran los beneficios de incapacidad.

Por estos referidos, Torres Crespo cobraba el 25% retroactivo de la suma que le pagara el Seguro Social al beneficiario, y los médicos cobraban entre $150 y $500 por los informes médicos.