Doral Bank solicitó al Tribunal Federal que deje sin efecto una orden de un tribunal de Puerto Rico que le obligaría costear la reparación y operación de una planta de tratamiento de aguas que ofrece servicios a una comunidad privada en Fajardo.

La entidad bancaria radicó una solicitud para que se emita una sentencia declaratoria y un interdicto contra el Tribunal de Primera Instancia, sala de Fajardo; la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la empresa Social Interest Growth Associates (SIGA) y el Federal Deposit Insurance Corporation.

Según alega Doral en su moción, la determinación del tribunal local en su contra surge luego que la empresa SIGA, a la cual el banco le ejecutó una hipoteca sobre unos terrenos, abandonó y dejó de operar una planta de manejo de aguas usadas que servía a residencias que había vendido en el área y produjo con ello una crisis ambiental.

Reclama que, tras la acción de dicha empresa tanto la JCA como el Tribunal pretenden obligarle a asumir la responsabilidad por esa operación y alega que ello impactaría adversamente la condición financiera de la entidad bancaria.

Alega Doral que en el año 2005 otorgó un financiamiento a la empresa SIGA, que fue garantizado con hipotecas sobre terrenos propiedad de la mencionada compañía e indica que SIGA incumplió con sus obligaciones de pago, por lo que el banco demandó en cobro y ejecución de las hipotecas, y obtuvo un fallo favorable del tribunal de Fajardo.

 Explica que en una de esas propiedades utilizadas como colateral hay una planta de tratamiento de aguas usadas que SIGA operaba para servir un grupo de residencias localizadas y que había vendido en una propiedad adyacente.

Agrega el banco que ellos no ejecutaron el lote de terreno donde está ubicada la planta, pero aun así la empresa SIGA dejó de pagar el financiamiento, abandonó la propiedad y dejó de mantener y operar la planta, que comenzó a lanzar agua no tratada hacia el suelo que eventualmente llegó hasta el lote donde ubican las viviendas.

Indica que, tras un largo proceso judicial, en diciembre de 2012 el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo le ordenó al Banco asumir la responsabilidad financiera de reparar y operar la planta, y que, debido a la condición de la instalación, se requerirán cientos de miles y quizás hasta millones de dólares para llevarla a un estado operacional que cumpla con las regulaciones ambientales de Puerto Rico.

En marzo de este año, agrega Doral, la JCA solicitó intervenir en el caso con el objetivo de obtener una orden y la imposición de sanciones contra el banco por no asumir la responsabilidad de reparar y operar la planta.

 En mayo de 2014 el Tribunal de Primera Instancia emitió una nueva orden en la que advirtió al banco que se exponía a una multa de $1,000 por cada día que incumpliera con la orden de reparar y manejar la planta.

Mientras esto ocurre, alega el banco, existe una orden del FDIC que le impide otorgar financiamiento adicional a un cliente que esté moroso en sus pagos por más de 90 días y sostiene que, de acceder a la orden del Tribunal se expone a una multa aún mayor de esa entidad reguladora.

El recurso judicial de Doral pide al Tribunal Federal que determine cuál es la responsabilidad del banco en el marco de la orden del FDIC, la orden del Tribunal de Fajardo, las órdenes de la JCA y su relación contractual con SIGA.

Solicita además un interdicto permanente contra el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, con el alegato de que, de no obtenerlo, Doral sufriría daño irreparable.