El matrimonio propietario de la armería The Lawman Gun Shop, que se declaró culpable por tramitar licencias de portación de armas mediante la falsificación de documentos, fue sentenciado hoy a dos y tres años de prisión, respectivamente, pero cumplirán las penas por separado.

El juez federal Francisco A. Besosa le impuso la pena de tres años de cárcel a Julio Colón Santiago, y de dos años de prisión a su esposa y coacusada, María del Carmen Rivera Negrón. No obstante, concedió la petición de la defensa de ambos para que uno cumpla primero y el otro después para que no estén encarcelados a la vez, dado a que tienen tres hijas.

Los abogados Sonia Torres y Juan Matos de Juan deberán someter una moción este lunes para informar cuál de los dos cumplirá primero y deberá entregarse voluntariamente el 31 de agosto o cuando el Negociado Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) determine en cuál institución carcelaria en Estados Unidos cumplirá.

Ante una sala llena con la presencia de las tres hijas de la pareja, familiares y amigos, el fiscal federal Luke Cass indicó que los coacusados "abusaron de la confianza a cambio de dinero", por lo que recomendaba una sentencia de cárcel de cuatro años para él y tres para ella.

Por su parte, Torres solicitó una pena de año y medio para Colón Santiago y Matos de Juan pedía una sentencia menor para su representada, a discreción del juez, pero que fuese bajo arresto domiciliario.

"Durante este tiempo he reflexionado sobre mis acciones, mis faltas. Esto lo he aprendido de forma dolorosa y difícil. Quiero pedirles perdón a los que han sufrido por mis acciones, especialmente a mi familia y a mis hijas. Esta situación ha marcado nuestras vidas para siempre. Que mi experiencia sirva para salvar a futuras generaciones de la maldad que existe. Aprender a tomar decisiones y a alejarse de las personas que quieren hacernos daño. Aprender a decir que no... Mi deseo inmenso es poder pasar la página y hacer lo correcto. Darnos la oportunidad de demostrar que somos ciudadanos de bien. Le aseguro que no desperdiciaremos la oportunidad que nos pueda dar", expresó Rivera Negrón, de 48 años, durante su alocución ante el juez.

"En este tiempo he podido reflexionar que por mis errores estoy hoy aquí. Mi familia me enseñó valores y me alejé de ellos. Este tiempo me enseñó a reconocer mis errores y no volver a repetirlos. Perdón a las personas que se vieron afectadas por las malas decisiones que tomé", dijo Colón Santiago, de 49 años.

Matos de Juan destacó que la pareja contrató a un abogado para restituir el dinero de las personas a las que les cobraron para tramitar las licencias de portación de armas sin seguir los pasos correspondientes, mientras que Torres recalcó que los coacusados "no son malas personas, son buenas personas que cometieron un error".

"Después de pensar largo y tendido en este caso, las circunstancias de estos acusados y lo discutido con las partes en el estrado, al evaluar las recomendaciones de sentencias presentadas no representan la seriedad de este caso. No son suficientemente severas", manifestó el juez al imponer las sentencias mayores a las sugeridas por la defensa y menores a las recomendadas por la fiscalía federal.

Los dueños de la armería localizada en Bayamón hicieron alegación de culpabilidad el 11 de agosto de 2014 por uno de los 490 cargos que enfrentaban, que es por falsificación de documentos para tramitas las licencias de portación de armas, y están aún libres bajo fianza.

Ambos fueron arrestados el 13 de marzo de 2014 y enfrentaron 490 cargos por llevar a cabo un esquema para gestionar licencias fatulas de portación de armas a por lo menos 1,300 personas. Cobraban entre $1,000 y $1,500 por cada solicitud y contaban con la ayuda del abogado notario y coacusado en este caso, Antonio M. Peluzzo Perotín, quien fue detenido en diciembre de 2013 y quien se declaró culpable y fue sentenciado en marzo pasado a cumplir siete años de cárcel.

Según la pesquisa, los acusados gestionaron las licencias falsas y al menos una de estas fue para un convicto, quien tiene prohibido poseer armas de fuego. La pareja diligenciaba los permisos ilegalmente al tener acceso directo a la Comandancia de Bayamón, donde supuestamente llevaban donas, pitorro y café a cambio de la ayuda.

En este caso también fueron acusados dos instructores de tiro por firmar certificaciones de uso y manejo de armas de fuego para personas que no habían participado de cursos requeridos para la obtención del mismo. Uno de ellos, Julio C. Medina Mojica, fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión. El segundo, José M. Prado, se declaró culpable y será sentenciado el 20 de agosto.

De haber ido a juicio y ser encontrados culpables, Rivera Negrón y Colón Santiago se exponían a una pena máxima de 15 años de cárcel por la falsificación de documentos de identificación, cinco años por falsificación de documentos de tribunales, cinco años por conspiración, dos años por cada uno de los casos de robo de identidad y 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave a poseer y portar un arma de fuego.

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