Los abogados del matrimonio propietario de la armería The Lawman Gunshop radicaron una moción para que sea el esposo quien cumpla pena carcelaria primero y después su esposa.

El 15 de julio pasado, el juez federal Francisco A. Besosa sentenció a Julio Colón Santiago a tres años de prisión y a María del Carmen Rivera Negrón a dos años de cárcel.

No obstante, sus abogados, Sonia Torres y Juan Matos de Juan, respectivamente, solicitaron al juez que cumplieran las penas por separado, uno antes que el otro, dado a que tienen tres hijas. Besosa no tuvo problema y les ordenó radicar una moción en la que se informe cuál de los dos cumpliría la sentencia primero.

Los abogados hicieron lo propio e indicaron que luego de reunirse con ambos acusados, estos acordaron que sea Colón Santiago quien extinga la condena primero.

Colón Santiago deberá entregarse voluntariamente una vez el Negociado Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) determine a cuál institución carcelaria en Estados Unidos cumplirá el término impuesto.

Ambos convictos se declararon culpables de tramitar licencias de portación de armas mediante la falsificación de documentos, con la ayuda del abogado ya convicto Antonio Peluzzo Perotín y otros.

El fiscal Luke Cass proponía una sentencia de cuatro años para él y de tres para ella, mientras que la defensa sugería una pena de año y medio para Colón Santiago y una pena menor para Rivera Negrón que pudiese cumplir en probatoria.

"Después de pensar largo y tendido en este caso, las circunstancias de estos acusados y lo discutido con las partes en el estrado, al evaluar las recomendaciones de sentencias presentadas no representan la seriedad de este caso. No son suficientemente severas", manifestó el juez el día de la lectura de sentencia, al imponer las sentencias mayores a las sugeridas por la defensa y menores a las recomendadas por la fiscalía federal.

Los dueños de la armería localizada en Bayamón hicieron alegación de culpabilidad el 11 de agosto de 2014 por uno de los 490 cargos que enfrentaban, que es por falsificación de documentos para tramitar las licencias de portación de armas.

Ambos fueron arrestados el 13 de marzo de 2014 y enfrentaron 490 cargos por llevar a cabo un esquema para gestionar licencias fatulas de portación de armas a por lo menos 1,300 personas. Cobraban entre $1,000 y $1,500 por cada solicitud y contaban con la ayuda del abogado notario y coacusado Peluzzo Perotín, quien fue detenido en diciembre de 2013 y quien se declaró culpable y fue sentenciado en marzo pasado a cumplir siete años de cárcel.

Según la pesquisa, los acusados gestionaron las licencias falsas y al menos una de estas fue para un convicto, quien tiene prohibido poseer armas de fuego. La pareja diligenciaba los permisos ilegalmente al tener acceso directo a la Comandancia de Bayamón, donde supuestamente llevaban donas, pitorro y café a cambio de la ayuda.

En este caso también fueron acusados dos instructores de tiro por firmar certificaciones de uso y manejo de armas de fuego para personas que no habían participado de cursos requeridos para la obtención del mismo. Uno de ellos, Julio C. Medina Mojica, fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión. El segundo, José M. Prado, se declaró culpable y será sentenciado el 20 de agosto.

De haber ido a juicio y ser encontrados culpables, Rivera Negrón, de 48 años, y Colón Santiago, de 49, se exponían a una pena máxima de 15 años de cárcel por la falsificación de documentos de identificación, cinco años por falsificación de documentos de tribunales, cinco años por conspiración, dos años por cada uno de los casos de robo de identidad y 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave a poseer y portar un arma de fuego.