La Fiscalía le entregó este martes a la defensa del exsenador Antonio "el Chuchin" Soto un paquete de documentos de la Legislatura y de líneas aéreas que supuestamente demuestran que el otrora legislador por el distrito de Guayama cobró 13 dietas legislativas mientras estaba de viaje en la República Dominicana.

Con la entrega de los documentos, finalizó el descubrimiento de prueba entre el fiscal especial independiente (FEI), Emilio Arill García, y la abogada de Soto, Grisel Hernández Esteves.

El juicio en su fondo quedó programado para el 23 de enero de 2014, en la sala 1103, que preside el juez superior Harry Massanet, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

En una vista con antelación al juicio celebrada hoy, el fiscal Arill García, quien está asistido en el caso por el también FEI, Manuel Núñez Corrada, le entregó a la defensa documentos relacionados con los depósitos directos de las dietas que fueron pagadas a Soto en el Senado entre 2009 a 2011. Además, el fiscal entregó copia de las notas que tomaron los agentes que investigaron las denuncias, tanto del FEI como del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

“El caso está listo para comenzar el juicio en su fondo”, dijo el fiscal, quien también informó que hasta el momento no se ha negociado ningún acuerdo.

Soto, quien estuvo presente en la vista, encara 13 cargos de apropiación ilegal de fondos públicos y 13 de falsedad ideológica. De resultar convicto, el exsenador podría enfrentar una pena de cárcel porque la apropiación ilegal de fondos públicos no conlleva el beneficio de una sentencia en probatoria.

La abogada defensora dijo que el acusado “está muy repuesto y esperanzado” y se inclina a que el caso se vea por tribunal de derecho. Además, dijo que está pendiente una moción de desestimación de los 26 cargos graves que pesan contra el exsenador novoprogresista.

Hernández Esteves alega en la solicitud que la jueza Laura Lis López Roche no actuó conforme a derecho cuando encontró causa para juicio por incomparecencia contra su cliente.

“La jueza no tenía razón justificada para determinar causa por incomparecencia. Él justificó su incomparecencia con certificados médicos”, sostuvo la letrada.

López Roche determinó causa para juicio porque que Soto se ausentó a su sala alegando que se encontraba enfermo, pero el siquiatra que firmó la excusa que su abogada presentó a la magistrada aceptó, en una conversación telefónica, que solo había evaluado a su paciente en dos ocasiones y no tenía un cuadro claro de su condición mental y emocional.

Anteriormente, la defensa había radicado una moción solicitando la desestimación de los cargos en la etapa de vista preliminar alegando que los cargos se habían radicado fuera del término establecido por ley. López Roche denegó esta petición. Luego el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Supremo ratificaron su determinación.

Los cargos le fueron radicados a Soto dos años después de que renunció a su escaño legislativo en medio del escándalo que se desató en el Capitolio cuando Soto aceptó públicamente que recibió un lujoso carro Bentley de regalo y de investigaciones por supuestas irregularidades en sus finanzas.