La carta que envió el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sinfonte, al ente federal es clara, asegura que la ley Promesa no le brinda ninguna potestad para que toda implicación de cualquier nueva legislación del gobierno se consulte primeramente con ellos. 

"La petición de la Junta de Supervisión de examinar preliminarmente toda la legislación, como una cuestión de derecho, no está contemplado por Promesa y atenta contra la autonomía del gobierno de Puerto Rico", reza la misiva. 

El pliego viene en respuesta a la enviada por la JSF el pasado 2 de febrero en la que le pidieron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que tenía que consultar con ellos toda legislación que tuviera impacto en la situación fiscal del país.

"En primer lugar, la administración no está de acuerdo con la afirmación de la JSF puede actualmente utilizar sus poder bajo la Sección 204 de Promesa para obligar a una revisión preliminar de todas las nuevas legislaciones. Nada de lo dispuesto en la sección 204 obliga a la administración a presentar a la JSF cualquier legislación antes de ser aprobadas", dice Sánchez Sifonte en el documento de cuatro páginas. 

La administración de Rosselló Nevare también negó tener la intención o haber promulgado una nueva ley que emita una deuda adicional al país. Y reafirmó que no ha promulgado ninguna nueva ley de moratoria que prohíba el pago del principal e intereses a los acreedores.

"La recién promulgada Ley de Responsabilidad Fiscal y de Emergencia Financiera de Puerto Rico estableció una nueva política de 'voluntad de pagar' que estableció como prioridad el pago de la deuda y no prohíbe el pago del principal e intereses como lo hizo la Ley de moratoria de la pasada administración", denunció el representante ante la JSF.

Sin embargo reiteró que "la administración ha trabajado y seguirá trabajando en cooperación con la Junta de Supervisión en todos los asuntos dentro del espíritu y la intención de Promesa".