El Departamento de Justicia (DJ) rechazó este miércoles que la ley que, desde 1980, permite que los confinados voten en un evento electoral sea inconstitucional, pero reconoció que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de eliminar ese derecho, como ha ocurrido en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Al discutir un proyecto de ley que propone quitar el voto a la población penal, la licenciada Betsy Asencio, secretaria auxiliar de asesoramiento en el DJ, argumentó que la Constitución del Estado Libre Asociado no ordena la suspensión de los derechos civiles, como el sufragio, a las personas convictas de delito, sino que establece la manera en que se restituirían en caso de que se dejen sin efecto.

"Esta Asamblea Legislativa posee plena facultad para aprobar medidas como la propuesta. La discreción de la Asamblea Legislativa al así actuar se fundamenta correctamente en el mandato constitucional que le permite la suspensión de los derechos civiles, incluyendo el derecho al sufragio, hasta que se cumpla la pena impuesta", señaló Asencio durante una vista pública de la Comisión cameral de Gobierno, que preside el representante popular José "Conny" Varela.

Asencio, sin embargo, mostró reparos con la propuesta legislativa de los representantes Carlos Vargas Ferrer y Ángel Bulerín, pues según presentada, eliminaría el derecho al voto a toda persona convicta de cualquier delito, sea grave o menos grave, hasta que se extinga la pena impuesta.

"Nos preocupa el lenguaje, es demasiado amplio. Debería limitarse para no incluir los delitos que sean menos graves… La distinción por delito se ha establecido en otras jurisdicciones en Estados Unidos. Lo importante es que no haya una razón discriminatoria detrás", abundó en representación del secretario César Miranda.

Precisó que, además de Puerto Rico, solo los estados de Maine y Vermont no imponen ningún tipo de restricción para el voto de los confinados. En cambio, 14 estados niegan ese derecho a los reos, cuatro los restringen a los reclusos y a quienes están en libertad a prueba, 19 prohíben votar a los confinados, así como los que están en libertad a prueba y en probatoria, y en 12 estados la prohibición es aún más extensa, pues incluye también a quienes hayan cumplido su sentencia.

Asencio, quien estuvo acompañada por la licenciada Nayda Rivera, también de la secretaría auxiliar de asesoramiento, dejó entrever que el derecho de los confinados a votar podría contribuir en su proceso de rehabilitación, pero insistió en que esa apreciación debe validarse con datos empíricos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

"El hecho de que un confinado vote lo podría mantener con un mayor interés en el desenvolvimiento político del País, así como promover un vínculo social mayor con nuestro entorno poblacional. Más allá de eso, corresponde al DCR presentar datos empíricos que sustancien lo que, en su inicio, fue el objetivo para la eliminación de la restricción a este derecho", sostuvo.

El DCR estaba citado a comparecer a la vista este miércoles, pero se ausentó.

El representante popular Vargas Ferrer, coautor de la pieza, no pareció satisfecho con los comentarios del DJ, y solo destacó que la agencia no encontró impedimento legal para que la Legislatura avale su medida.

Mencionó que cuando, en su Artículo II Sección 12, la Constitución se refiere a la posibilidad de quitar derechos civiles a las personas convictas de delito, no hace ningún tipo de distinción. No obstante, la licenciada Rivera explicó que, de la discusión de la Asamblea Constituyente, se desprende que la intención era incluir solo a los delitos graves que conllevaban pena de reclusión.

Vargas Ferrer trajo a la discusión el caso de la matanza de Guaynabo, en la que murieron cuatro miembros de una familia, para sustentar por qué se opone a que los reos participen en procesos eleccionarios.

Cuestionó si las personas convictas de delito deben conservar el derecho a escoger un gobernador que designará funcionaros como los secretarios de Justicia y de Corrección y Rehabilitación, al igual que a fiscales, y a los senadores que deberán evaluar esos nombramientos y confirmarlos o rechazarlos.

"(Tenemos que determinar) si ese es un derecho que debemos tener nosotros que estamos aquí, trabajando, que no le hemos fallado a la sociedad y somos libres, o aquellos que en su momento decidieron romper ese pacto social", señaló Vargas Ferrer?