Administradores, asistentes de servicios médicos y hasta trabajo en construcción. Esa es solo una muestra de lo que se refleja en el banco de talento que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) comienza a construir desde las cárceles del País.

El censo identificará las destrezas académicas y laborales de los confinados y confinadas para establecer programas que impacten directamente a esa población.

Al 15 de marzo, 4,136 de los 9,678 reos que hay en el sistema llenaron el cuestionario como parte del Programa de Reconocimiento a las Destrezas y Habilidades de la Población Correccional.

“Esta es una herramienta esencial a la hora de establecer programas de rehabilitación donde se contestan unas preguntas básicas”, indicó el secretario de Corrección, Eric Rolón, a quien le chocó cuando llegó a la agencia que no importa el delito que cometió el sentenciado, se trata igual.

Por eso, favorece la iniciativa de “trabajar con un modelo integral de rehabilitación destinado a que a cada confinado se le diseña un plan de trabajo exclusivo, acorde con sus necesidades e intereses”.

La herramienta, creada por empleados de la agencia, se establece en momentos en que Puerto Rico necesita mano de obra luego del paso de María.

“Puedo dar fe de que en este sistema hay muchas personas que sí tienen la destreza para trabajar, por ejemplo, en construcción, pero no sabemos dónde están, ni cuántas tenemos”, aceptó.

Datos preliminares del registro -que han completado 305 mujeres y 3,831 varones- revelan que ocho tienen doctorado, 16 un grado de maestría, 92 completaron bachillerato, 162 un grado asociado y 220 un grado técnico. 

Mientras, 3,137 han completado estudios en la escuela intermedia o han pasado algún grado en la escuela superior. Del total, 3,290 han practicado algún deporte y 1,222 tienen habilidad o destreza para la música.

“Queremos establecer un perfil por cada uno de los confinados conforme a los conocimientos que tengan, a las destrezas, ya sean en el ambiente laboral o en el ámbito deportivo. Con esta base de datos vamos a saber cuántas personas en el sistema han tenido experiencia previa en la construcción, en qué área, si tienen alguna certificación en plomería, electricidad. Vamos a saber si hay algún pelotero que haya jugado en una liga Doble A…”, enumeró Rolón. 

El llamado a los presos es a participar, porque es voluntario, y la fecha límite es el 31 de marzo.

Rolón aceptó que con esos datos un reo que, por ejemplo, tenga estudios en ingeniería, pueda salir y trabajar, pero al final del día regresará a la cárcel. También recordó que cualquier participante en un programa de estudio o trabajo recibe una bonificación y que el pago por esa labor depende del patrono.

Lamentó, por otro lado, que “no tenemos control de que un patrono, por decir un ejemplo, prefiera una persona en la libre comunidad que a un confinado”.

Trabajo legislativo

El secretario de Corrección mencionó que en la Legislatura se trabajan proyectos para evitar la discriminación hacia los reclusos y que, además, sean partícipes de labores dentro del gobierno.

Otra iniciativa que evalúan es para cuando el preso esté libre.

De otro lado, el funcionario reconoció que uno de los “problemas más grandes que enfrenta el confinado en la libre comunidad” es con el certificado de buena conducta.

“No porque el documento per se le impida trabajar, es que lamentablemente hay una práctica silente por parte de los patronos que -indistintamente lo que diga ese certificado- le niegan el trabajo porque (el individuo) tuvo una convicción previa”, aceptó Rolón.

Por eso, adelantó, hay que trabajar para que la persona no viva una doble sentencia.

“Tanto en Cámara como en Senado se han trabajado proyectos que van dirigidos a atender esta situación, por lo menos reduciendo el término de tiempo que requiere una persona para poder limpiar su récord de buena conducta, (entre otras alternativas)”, dijo.

Actualmente, el período es de cinco años.