Empeño por la pena de muerte

01/28/2013 |
Si se llega a un veredicto de pena capital en la Isla, la sentencia se aplicaría mediante inyección letal. (Archivo)  
Hoy se espera que comience la selección de jurado en dos casos de pena capital en el Tribunal Federal, en Hato Rey

Mientras hoy se espera que comience la selección de jurado en dos casos de pena capital en el Tribunal Federal, en Hato Rey, el marcado aumento en estos juicios que han desfilado en las salas de esa corte durante los últimos años levanta banderas rojas para un reconocido centro de investigación por el aparente rechazo en aplicar el máximo castigo en otras jurisdicciones federales en Estados Unidos.

El director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, aseguró en una entrevista con Primera Hora que el volumen de casos resulta ser “sumamente sospechoso”, particularmente cuando en la esfera federal en EE.UU. permea un ambiente de “silencio y renuncia para certificar los casos”. No obstante, hoy habrá mucho ruido en la Corte Federal al iniciar la selección del jurado para el presunto autor intelectual de la llamada Masacre de La Tómbola, Alexis Candelario Santana, y, tentativamente, para Lashaun Casey, otro acusado por la muerte de un agente encubierto.

La defensa de este último presentó una moción a última hora para aplazar el proceso por una semana ante una seria condición médica del acusado y hoy la jueza podría emitir una opinión al respecto.

Con estos dos acusados –y otro caso que estaría por verse el próximo marzo– sumarían siete los juicios de pena de muerte que habrán visto en las salas federales en Puerto Rico desde el 2003.

“No hay muchos casos que se están aprobando por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero, claro, todo depende de la cantidad de solicitudes que se están sometiendo por la oficina de la fiscalía en Puerto Rico. Durante la pasada administración de George W. Bush, había una urgencia para someter casos de pena de muerte, pero ahora hay mucho silencio sobre el tema”, dijo Dieter, quien ha sido citado por otros medios como The New York Times y CNN para hablar sobre asuntos relacionados con la pena capital en EE.UU., pero que mostró preocupación ante la aparente insistencia de la Fiscalía Federal en Puerto Rico para apuntarse un veredicto de pena de muerte.

“Aquí se ha subrayado la importancia de limitar la intervención del Gobierno federal en los asuntos estatales, excepto con asuntos relacionados con la seguridad nacional. Estamos hablando de crímenes de drogas o asesinatos, crímenes que pueden ser atendidos por los estados, en este caso, el territorio de Puerto Rico”, dijo el experto.

Pero, mientras en EE.UU. aparenta haber mucho distanciamiento con el tema, la jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, no ha mostrado ninguna intención de detener el procesamiento de acusados bajo la sombra del máximo castigo.

La polémica pena, que provoca mucha controversia en torno a su aplicación como disuasivo, ahora se intentará aplicar contra Candelario Santana por la Masacre de La Tómbola, el nombre de un negocio donde se escenificó un atentado a mano armada que dejó el saldo de ocho muertos, el fallecimiento de una criatura de ocho meses de gestación y 20 heridos; y contra Casey, acusado de la muerte de un agente encubierto en agosto de 2005.

Aunque este último caso no es tan conocido como el de La Tómbola, el procesamiento criminal de Casey es de alta prioridad para las autoridades federales al tratarse de un agente del orden público que murió en el ejercicio de sus funciones. Para el próximo marzo también se podría señalar el juicio de Xavier Jiménez Benceví, quien había figurado como uno de los más buscados por las autoridades tras presuntamente matar a una concuñada que aparentemente era testigo de varios asesinatos.

Según se desprende de un informe de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte –un grupo compuesto por varios grupos civiles y religiosos–, la Oficina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico ocupa el séptimo lugar de casos federales certificados para pena capital entre 1988 y 2012, con 23, a diferencia de Virginia en la primera posición con 57, Nueva York en la segunda con 45, y California en la tercera con 42. No obstante, la jurisdicción en Puerto Rico fácilmente ocuparía la primera posición a nivel proporcional y ha reportado un incremento marcado en los últimos años.

“Entre el 1995 y 2012 se presentaron 65 casos elegibles de pena de muerte en la Corte de Distrito Federal para el distrito de Puerto Rico, para un promedio de 3.6 casos por año. En los últimos cuatro años, el promedio de casos elegibles para la pena de muerte presentados aumentó a 5.75 por año. En el 2012 se presentaron siete casos elegibles”, asegura el informe. El mismo documento, sin embargo, contextualiza el alza en solicitudes dentro de la alta tasa de asesinatos. “Entre 1995 y 2011 fueron asesinadas 13,612 personas en Puerto Rico para un promedio anual de aproximadamente 800 personas y una tasa promedio de asesinatos por cada 100,000 habitantes de 21.0 anual para los pasados 17 años. El promedio anual de asesinatos para los años 2008 a 2011 incrementó a 1,000, para un aumento de 21 por ciento”, señala el escrito.

Ni el Departamento de Justicia en Washington D.C. ni la oficina local de la Fiscalía Federal quisieron reaccionar para este reportaje.

¿El caso idóneo?

Pese a la alta incidencia criminal en Puerto Rico, algunos de los detractores de la pena capital consideran que sus acciones de cabildeo podrían intensificarse, particularmente por el caso de La Tómbola, el cual ha provocado indignación en el país y que aparenta tener una posibilidad más alta de terminar en una sentencia de muerte para el acusado de ser encontrado culpable de los delitos imputados.

Ante los veredictos cerrados que se han dado en el pasado, algunos conocedores del proceso federal en Puerto Rico han asegurado que hay una buena probabilidad de que se pueda dar el primer veredicto de pena de muerte en Puerto Rico bajo el foro federal.

“Nosotros entendemos que nuestros esfuerzos se tienen que llevar en conciencia de que este es un caso sumamente antipático”, dijo Osvaldo Burgos, portavoz de la Coalición y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados.

En 1994 el presidente Bill Clinton firmó una ley ampliando los delitos que podían ser cobijados bajo la pena de muerte.

La última ejecución de estado en Puerto Rico fue el ahorcamiento de Pascual Ramos en 1927 por el asesinato de su jefe. Puerto Rico abolió la pena de muerte en 1929.

En 1952, cuando se redactó y ratificó la Constitución de Puerto Rico, se incluyó en la Carta de Derechos el decreto simple: “La pena de muerte no existirá”.