Encarcelan a matrimonio por fraude a Medicare
El gobierno federal embargó propiedades y cuentas bancarias de la pareja.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 13 años.
PUBLICIDAD
El matrimonio de Gilberto Gómez y Yolanda García Rodríguez fue sentenciado a prisión por el juez federal Gustavo Gelpí, por el delito de fraude contra el programa Medicare.
Gómez tendrá que cumplir 5 años y 8 meses en prisión, más restituir $1,956,750.54 y su esposa García Rodríguez fue enviada a prisión durante 1 año, más 2 años en libertad supervisada.
Además, el gobierno federal embargó propiedades y cuentas bancarias de la pareja, como un lujoso apartamento en Gallery Plaza en el Condado, San Juan, más joyas, todo ligado directa o indirectamente con la comisión del delito.
El 12 de enero de 2012, un Gran Jurado emitió una acusación contra Gómez y García Rodríguez por conspirar para cometer fraude a Medicare.
Gómez era presidente de Monte Mar Health Corp., de PROMEDS Medical Inc. y de Quality Care Medical Supply. Su esposa era secretaria y tesorera de Monte Mar y oficial no autorizado de Quality Care Medical Supply.
Según la acusación, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2008 y mayo de 2010, cuando Monte Mar sometió 1,518 reclamos fraudulentos a Medicare por equipo médico que sumó $2,993,127.35; Medicare desembolsó $1,440,597.65.
En marzo de 2010, compraron PROMEDS y sometieron 359 reclamaciones falsas por $786,368.34; Medicare reembolsó $335,493.12.
En octubre de 2010, compraron Quality y hasta mayo de 2011, emitieron 115 facturas fraudulentas por $298,321.26; Medicare desembolso $180,659.77.
El total facturado a Medicare fue de $4,077,816.95, y el reembolso ascendió a $1,956,750.54.
"Como parte del sistema nacional de cuidado de salud, Medicare sirve a una población vulnerable. Las sentencias impuestas por el tribunal muestran que no vamos a tolerar criminales que cometan esquemas fraudulentos que afecten el programa Medicare de fondos que son destinados a la población de mayor edad por enriquecerse a sí mismos", manifestó por escrito la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.
Los fiscales del caso fueron Héctor Ramírez y Wallace Bustelo. La investigación estuvo a cargo por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina del Inspector General, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

