A ocho meses del asesinato del publicista José Enrique Gómez Saladín, la fiscalía federal no ha entregado a la defensa las piezas de evidencia, por lo que este caso no se ha presentado ante el comité del estadounidense Departamento de Justicia que evalúa los casos elegibles a pena de muerte.

En una conferencia de estatus efectuada este martes ante el juez Daniel R. Domínguez, del tribunal federal en el Viejo San Juan, los abogados de Rubén Delgado Ortiz, Edwin "Bebo" Torres Osorio, Alejandra "Pochi" Berríos Cotto y Lenisse "Prieta" Aponte Aponte indicaron que no se ha llevado a cabo el proceso de descubrimiento de prueba.

Los abogados plantearon que no tienen el informe de autopsia, ni los informes de los agentes de la Policía, entre otra evidencia esencial para poder prepararse para el caso.

"No se puede seguir hasta que no haya descubrimiento de prueba. Estamos en un limbo", manifestó fuera de sala John Martin, abogado de Berríos Cotto, quien la representa junto con Thomas Lincoln San Juan.

Los demás abogados son Jean D. Barrett, José Aguayo, Giovanni José Canino Sánchez, Christopher Adams y Rachel Brill.

El fiscal federal Vernon Benet Miles indicó que no han podido obtener la evidencia para poder entregarla.

Durante la vista, Martin planteó que la fiscalía solicitó que las coacusadas se mantengan separadas en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) en Guaynabo, pero que las están enviando "al hoyo" a una a la vez para poder separarlas porque la cárcel provee solamente un área para mujeres.

El abogado solicitó que se busque otra opción para que no las tengan en el área de máxima seguridad y que tampoco se envíe a una de ellas a una prisión en Atlanta, como se ha contemplado, dado a que perdería contacto con su familia y porque la necesitan cerca para poder entrevistarla y prepararse para el caso, que podría llegar a ser para la pena de muerte.

Se planteó la posibilidad de que una de las acusadas pase a una cárcel de mujeres estatal, pero el fiscal dijo que desconoce si eso se puede. El juez le ordenó someter una moción en los próximos días de cómo se podría manejar esta situación.

Citó una próxima conferencia de estatus para el 22 de octubre próximo.

En sala, no estuvieron presentes los acusados, pero sí José Gómez y Carmen L. Saladín, progenitores de Gómez Saladín, quienes dijeron que sabrían que el proceso "va a ser lento".

"Lo que quiero es que paguen", manifestó Saladín, quien aún está sorprendida por las muestras de cariño y apoyo que recibió en un principio y con la campaña de publicidad que hicieron por las redes sociales.

"No me preocupa lo de la prueba con tal de que puedan demostrar que en verdad ellos son culpables. Mi hijo se ha comprobado que era bien querido por todo el mundo. Se daba por cualquier persona, no importa lo que fuese. La gente demostró cuánto lo querían. Sabemos cómo era él y nadie nos va a quitar el sentimiento de que es inocente", agregó Saladín al salir de sala.

Los cargos contra los acusados son por actuar en concierto y común acuerdo con la intención de causar daño corporal y la muerte, al tomar intencionalmente el carro de Gómez Saladín bajo la fuerza, intimidación y violencia, y por conspirar para ejecutar un esquema para obtener dinero del Banco Popular de Puerto Rico, mediante el fraude al usar la tarjeta de ATH del occiso, sacando $100 cuando ya estaba muerto.

Los hechos de este caso ocurrieron en la madrugada del 30 de noviembre de 2012, poco después que Gómez Saladín llamara a su esposa que estaba saliendo de una actividad en un hotel en el Condado, San Juan, pero nunca llegó a su hogar.

Según la declaración de agentes federales, entrevistaron a los coacusados y revelaron que habían planificado cometer un robo. Desarrollaron un esquema en el cual Aponte y Berríos se meterían en el carro de la víctima y después Torres y Delgado se unirían a ellas, discutirían por una supuesta deuda y harían que la víctima la pagara.

Gómez recogió a las dos féminas en su carro en Caguas, y luego ven a los dos coacusados y ellas le dicen al publicista que ellas le deben dinero a los sujetos.

Ellos se montan en el auto y Gómez Saladín pasa por una máquina de ATH del Banco Popular y retiró $400 y se los dio a Delgado. Acto seguido, le dieron en la cabeza y lo montaron en el asiento trasero del vehículo y fueron a comprar gasolina, según el pliego acusatorio.

Los acusados lo llevaron a un lugar solitario en Cayey, donde le ordenaron que se pusiera de rodillas, mientras le daban con objetos que encontraron en el lugar. Luego le impregnaron gasolina y lo prendieron en fuego, pero Gómez Saladín se quitó la ropa y comenzó a rodar por el suelo. Una vez cesó el fuego, siguieron golpeándolo hasta causarle la muerte, agrega la denuncia.

Los imputados, se alega, dejaron el cuerpo en la tierra y fueron en el auto hasta otra ATH y retiraron $100. Después quemaron el carro, pero continuaron tratando de sacar dinero en al menos cinco ocasiones.

Los presuntos implicados fueron identificados por las cámaras de vigilancia de las máquinas de dinero, y fue cuando la madre de Torres lo reconoció y lo entregó a las autoridades.