Treinta y seis años después de la radicación de la demanda de confinados contra el gobierno por hacinamiento y condiciones infrahumanas en las cárceles, finalmente en enero podría terminar el caso más longevo en el sistema federal en la Isla.

El caso Carlos Morales Feliciano fue radicado en 1979 contra la entonces administración gubernamental liderada por el exgobernador Carlos Romero Barceló, y ha costado millones en multas al Gobierno de Puerto Rico.

Las partes en el caso informaron en una moción que llegaron a un acuerdo para disponer del caso "en su totalidad". Anticiparon que someterán mociones ante la consideración de la magistrada Andrea K. Johnstone -quien atiende el caso luego de que el juez federal Paul J. Barbadoro se lo transfiriera- para que se señale una vista para su aprobación en o antes del 16 de enero de 2015.

El escrito fue presentado por los abogados Guillermo Ramos Luiña, y Gerardo De Jesús Annoni, Joseph Feldstein Del Valle y Arlene Pérez Borrero.

El caso Morales Feliciano surge de una demanda de los confinados por el hacinamiento y condiciones infrahumanas que imperaron en varias cárceles estatales a finales de la década de 1970. Las deficiencias se fueron corrigiendo paulatinamente, pero provocó multas por décadas de más de $250 millones, según las reseñas periodísticas de los pasados años.

A pesar de que el gobierno de Luis Fortuño anunció en abril de 2012 que lograron el cierre de las áreas que componen el pleito legal, la realidad es que se llegaron a unos acuerdos, pero no terminó.