Al momento, 11 personas -incluyendo trabajadores sociales y a la víctima, que actualmente tiene 15 años y quedó embarazada de uno de sus agresores- se han sentado a declarar en la sala de la jueza Berthaida Seijo del Tribunal de Carolina. 

Actualmente, el caso se encuentra en su punto culminante con el interrogatorio directo que la fiscal Maritza Valero le realiza a la agente Pagán, quien esta semana reveló detalles del presunto patrón de abuso sexual al que fue sometido la menor que, en ocasiones, fue drogada y alcoholizada por su padrastro César Correa Suárez y su madre Yomaris Ruiz. 

Correa Suárez ya fue juzgado y sentenciado por los hechos a 60 años de cárcel. 

El testimonio de Pagán ha detallado las instancias en que la niña fue abusada y los lugares específicos donde ocurrieron los hechos, casi todos en una hacienda ubicada en Trujillo Alto.

También ha trascendido en qué forma la agente logró contacto con los supuestos agresores y cómo transcurrió el proceso de entrevista o declaraciones juradas de cada uno.

En el proceso salió a relucir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un momento dado tuvo interés de adjudicar cargos criminales contra los involucrados pero, al final, el caso se vio exclusivamente en el foro estatal.

Precisamente, cuando se abordaron en sala datos surgidos en las entrevistas que ICE le hizo a algunos de los implicados -y de las que Pagán fue testigo-, los ánimos se caldearon, pues algunos abogados objetaron la información vertida en sala por entender que pudiera ser incriminatoria para sus clientes.

La objeción fue argumentada tomando como base una resolución emitida por la jueza administradora, Rosa Benítez, quien -en enero de 2016- denegó una petición de celebración de juicio separado para los acusados. En cambio, en su decisión hizo énfasis en que bajo ningún concepto se podía autenticar como admisibles declaraciones en la que algún acusado mencione a otros de los implicados en el caso.

En cambio, la jueza Seijo dio un “no ha lugar” a las objeciones de la defensa y reiteró que está consciente y cumpliendo con la disposición impuesta por Benítez, la cual fue reiterada por el Tribunal Apelativo.

Se espera que el juicio culmine la próxima semana luego que concluya el contrainterrogatorio a Pagán y se sienten a testificar cuatro testigos que presentarán los abogados de los acusados. 

Los hechos de este caso se desarrollaron en el 2014 cuando una trabajadora social de la escuela en la que estudiaba la niña sospechó de un embarazo, tras recibir unas llamadas anónimas que alertaban sobre un posible patrón de abuso.

Fue para febrero de ese mismo año que se confirmó que la víctima tenía 18 semanas de gestación. Inmediatamente, el Departamento de la Familia la removió de su hogar y desde entonces tiene tutela de la menor y de su bebé.

Durante la pesquisa, trascendió que la nena comenzó a ser abusada desde que vivía en un lugar en Gurabo. 

Luego el patrón se agravó cuando se mudaron a Trujillo Alto.

El resto de los acusados son Agner Miguel Ruiz Martínez, de 23 años, quien fuera novio de la tía de la menor; Edwin Miguel Boria Ramos, de 32, y vecino de la familia; Javier Omar Ruiz Ramírez, de 37 años y amigo del padrastro de la niña; Noel Rodríguez Correa, de 20 años y sobrino del padrastro de la adolescente; Ramón Correa Suárez, de 40 años, y hermano del padrastro de la niña; y Janny Raúl Viera Plá, de 28 años.

El juicio continúa mañana, a las 9:00 a.m., en el Tribunal de Carolina.