El Negociado de Tránsito de la Policía atraviesa por una reestructuración desde la cúpula hasta sus cimientos, porque posee más agentes y supervisores que 11 de las 13  áreas policiales.

La superintendente Michelle Hernández le levantó bandera roja la cantidad de recursos que tiene el Negociado, razón por la cual le solicitó al asesor técnico de cumplimiento de la Reforma Sostenible de la Policía, Arnaldo Claudio, que haga una auditoría interna en el mes próximo.

“Cuando  vi que el Negociado de Tránsito tenía más de 900 agentes,  le pedí al asesor de cumplimiento técnico que en  abril venga a hacer una auditoría interna para que me dé asesoramiento sobre su estructura”, dijo Hernández.

El Negociado tiene adscrito  950 empleados, entre agentes y supervisores.

El director interino  de esa dependencia, comandante Reinaldo Santiago, expresó que  se hace un censo de los recursos disponibles para asignarlos a donde hacen falta, incluyendo los precintos y Cuerpos de Investigación Criminal, si así lo dispone la Superintendente.

Por los pasados cinco años, ese organismo ha enfrentado cambios en su estructura.

Para el 2012, fue eliminado por el entonces superintendente Héctor M. Pesquera,  quien pasó las divisiones de Tránsito a las áreas policiales, luego fue restablecida en agosto de 2014,  por el entonces superintendente José L. Caldero López, centralizando nuevamente los  recursos bajo el Negociado. 

“Todo está bajo evaluación. El Negociado no se va a eliminar, va a seguir”, dijo  Santiago, al reaccionar a una serie de comentarios difundidos a través de las redes sociales en el sentido de que esa unidad de trabajo se desmantela para trasladar a los agentes a  las ramas investigativas y operacional.

El conflicto estalló el 9 de marzo pasado,  luego de que fuera relevado de sus funciones como jefe del Negociado el teniente coronel Jorge Hernández Peña, contra quien la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP) inició una investigación administrativa por una querella en su contra de  hostigamiento laboral.

Bajo su mando a nivel central, Hernández Peña tenía una Unidad de Acción en las Carreteras integrada por motoras y otra flota de patrullas, los cuales distribuía por toda la Isla dependiendo de las necesidades de las regiones policiales,  las cuales le respondían solamente a él.

Sin embargo, al venir el cambio de dirección surgió resistencia al impartirle instrucciones para realizar su labor.

“Nosotros tenemos en Aguadilla 59 policías en tránsito y el distrito más cercano, que es el de Ramey, tiene 22 policías. Si es necesario llenar las necesidades del precinto, eso lo va a determinar el Estudio de Necesidad y la Superintendente y la Reforma”, aclaró Santiago. 

Sobre la eliminación de la Unidad de Motociclistas del Negociado, explicó que en la actualidad hay 77 oficiales distribuidos entre las 16 unidades operacionales, las cuales estarán sujetas a cumplir con la entrante Nueva Orden General que reglamenta las Unidades Motorizadas en la Isla.

En estos momentos, el censo ha detectado que donde más se necesitan estos recursos son en las  áreaa policiales de San Juan, Carolina, Bayamón y Caguas, por la mucha cantidad de eventos  que se hacen.

 “No es que vamos a sacar de golpe y porrazo 50 motoras para San Juan, pero no encuentro sentido que una unidad como la de Bayaney, que cubre Arecibo y Lares, se le hayan asignado cinco motoras nuevas”, puntualizó Santiago.

El oficial anunció  cambios en las jefaturas de las divisiones, entre ellas, la de Bayamón, donde asignó al teniente Héctor Estrada Rojas , porque el actual incumbente, el teniente Gilberto Báez Méndez, se acogió al retiro.

El  teniente Eric Aponte Maysonet, dirigirá la División de Vega Baja, y quien también continuará como  director de la Unidad de Alcohol, Fotómetro y Reconstrucción de Accidentes, explicó el oficial de alta jerarquía.