El Departamento de Justicia no ha determinado todavía si se presentarán cargos criminales contra tres expolicías que han sido investigados en torno a la muerte de un taxista dominicano que tenía domicilio en Villa Palmeras.

Los tres exagentes figuran en un grupo de policías acusados en el Tribunal Federal, Sala de San Juan, por corrupción y otros delitos graves. El trío, al igual que otros imputados en el caso conocido como Los Suricatos, ya fue expulsado de la Policía. 

El secretario de Justicia, César Miranda, confirmó hace aproximadamente mes y medio que los exagentes Xavier Jiménez Martínez y David Centeno Faría, así como Ángel Hernández Nieves, quien ostentó rango de sargento, eran investigados en relación al caso del taxista.

El 30 de septiembre pasado, Miranda dijo que se reuniría con la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Rosa Rodríguez, para hablar del caso de Jorge L. Ortiz Jordán, de 35 años, cuyos familiares entienden que fue ultimado en un acto de abuso policiaco.

Miranda indicó que solicitaría al ICF que acelerara una serie de trámites investigativos para finalmente concluir la pesquisa en torno a la muerte de Ortiz Jordán.

Según la familia del taxista, el hombre salió de su casa a amarrar una perra cuando fue ejecutado con un disparo en la parte posterior de la cabeza y otro en un costado. En ese momento policías entre los que figuraban Hernández Nieves, Jiménez Martínez y Centeno Faría se encontraban en el vecindario de Ortiz Jordán.

Hoy, miércoles, la portavoz del Departamento de Justicia, Amber Lee Vélez Burr, indicó que los resultados de una prueba de balística de ese caso ya están en manos de la Fiscalía, no así los de unas pruebas de material genético. Por eso, “no hay conclusiones al respecto”, dijo la portavoz.

La muerte de Ortiz Jordán ocurrió el 26 de febrero de 2014.

Los tres expolicías, según ha trascendido, alegaron que Ortiz Jordán les apuntó primero. Cerca del cuerpo de la víctima, que sólo vestía un pantalón de hacer ejercicios, se levantaron tres armas de fuego y cargadores de balas.Las armas eran una pistola de nueve milímetros, otra calibre .40 y una calibre .45.

Fuentes apuntan a que las armas pudieron “haber sido plantadas” y ese planteamiento ha sido acogido por la familia de Ortiz Jordán al reclamar que el crimen de su ser querido no quede impune.

La fiscal Jimara Gabriel tiene a cargo la pesquisa del caso.

El 17 de junio pasado, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, así como personas que se identificaron como amigos y familiares de boricuas y dominicanos muertos a manos de la Policía clamaron en conferencia de prensa que el Departamento de Justicia tome acción afirmativa para esclarecer la muerte del Ortiz Jordán