El 30 de septiembre del año pasado, el secretario de Justicia, César Miranda, anunció que estaba solicitando al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) que acelerara los resultados de unas pruebas que podrían redundar en cargos criminales por asesinato contra tres expolicías acusados ese día a nivel federal por corrupción.

A cuatro meses y medio de esa declaración, todavía los cargos no han sido sometidos y no hay indicios de que el caso sea presentado en un futuro cercano.

La portavoz del Departamento de Justicia, Amber Lee Vélez Burr, dijo a este medio que en octubre de 2015 el ICF “informó preliminarmente de algunos hallazgos” del análisis de balística en un caso donde familiares de la víctima sospechan que policías causaron la muerte de su pariente.

“No obstante, Justicia no ha logrado obtener el informe oficial completo, que es indispensable para la determinación final”, sostuvo en declaraciones escritas Velez Burr, quien no abundó más al respecto.

En noviembre del año pasado se informó que faltaban unas pruebas de material genético en el caso de la muerte de Jorge L. Ortiz Jordán, un taxista de 35 años que perdió a vida baleado cerca de su casa, el 26 de febrero de 2014, en Villa Palmeras.

El mismo día en que los exagentes Xavier Jiménez Martínez, David Centeno Faría y el sargento Ángel Hernández Nieves, conocido como Doble, fueron arrestados por corrupción, Miranda confirmó que el trío era investigado por la muerte de Ortiz Jordán.

Centeno Faría, Hernández Nieves y Jiménez Martínez han sido identificados por las autoridades federales como integrantes de una pandilla delictiva conocida como Los Suricatos.

“Estoy solicitándoles que aceleren los resultados de esas pruebas”, dijo entonces Miranda en una conferencia en el Departamento de Justicia al referirse a la jefatura del ICF, entidad dirigida por la doctora Rosa Rodríguez.

Jiménez Martínez, Centeno Faría y Hernández Nieves, según ha trascendido, alegaron que Ortiz Jordán les apuntó primero, cuando realizaban un operativo en Villa Palmeras. Según la Policia, alrededor del  cadáver del taxista, quien sólo vestía un pantalón de hacer ejercicios, se ocuparon tres armas de fuego y cargadores de balas. Sin embargo, familiares alegan que le plantaron las armas, una pistola de nueve milímetros, otra calibre .40 y una calibre .45.

En una entrevista un día después del suceso en Villa Palmeras, el fiscal Yamil Juarbe, director auxiliar de la División de Integridad Pública del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), se limitó a decir que el cuerpo estuvo custodiado por la Policía.

El 30 de septiembre pasado, Miranda dijo a este medio que "estamos en comunicación con el ICF. Estamos tratando de identificar los disparos de uno y otro lado para neutralizar unos argumentos sobre quién disparó".

La fiscal Jimara Gabriel tiene a cargo la pesquisa.

Según la familia de Ortiz Jordán, el hombre salió de su casa a amarrar una perra cuando recibió un balazo en la parte posterior de la cabeza y otro en un costado.

La familia  del taxista insiste en que le plantaron armas y algunas fuentes de la policía acogen la alegación al respecto