La jueza Wanda Cruz Ayala del Tribunal de San Juan dejó hoy, jueves, en suspenso el inicio de juicio contra la exsenadora del Partido Popular Democrático (PPD), Mari Tere González, mientras se dilucida una moción para la desestimación de los cargos sometida por su defensa y se completa el descubrimiento de prueba.

El 26 de febrero, el juez Rafael Taboas, del Tribunal de San Juan, encontró causa probable en 12 de los 13 cargos por los delitos de falsedad ideológica, perjurio y posesión de documentos falsificados que habían sido presentados por la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (PFEI) y no causa por violación al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental que establece que un servidor público no puede utilizar su posición ni fondos públicos para su beneficio.

El PFEI no acudirá en alzada por el cargo de violación a la Ley de Ética Gubernamental en el que no se determinó causa.

Como las mociones presentadas por el abogado de defensa de defensa de González, Yuseph Lamboy López, discuten la prueba, será el juez Alberto Pérez Ocasio, quien determinará si toma una decisión a base de los documentos radicados por la defensa o si quiere celebrar una vista.

También durante la próxima vista sobre el estatus de los procedimientos, señalada para el 14 de mayo, día en que inicialmente se había pautado el inicio del juicio, se le tendrá que entregar a la defensa documentos de la Oficina de Ética Gubernamental en el que se establezca un reglamento sobre el proceso que se sigue para deshabilitar una cuenta electrónica.

Posterior a esta vista se señalará la fecha para el inicio del juicio en su fondo.

Como parte del descubrimiento de prueba, el abogado de la exsenadora solicitó que se entregue información sobre cuáles son los reglamentos que les autorizan a bloquear una cuenta electrónica ya que asegura que no existe ni carta circular, ni procedimiento administrativo que permita bloquear una cuenta ni se les ha revelado quien dio la orden a esos fines. “Lo están haciendo en este caso para consumar un delito que no existe”, alegó el abogado.

Mientras, el fiscal Ramón Mendoza le planteó a la jueza que ha hecho gestiones para requerirle esa información a Ética Gubernamental y que en cuanto se la entreguen, le daría copia a la defensa.

“En este caso no se probó el elemento criminal de que Mari Tere González se estaba beneficiando de algo en este caso, lo único que pudo demostrar el FEI en este caso es que si hubiese algo aquí es que Mari Tere González pagó tarde, aquí no hay fondos públicos, aquí la deuda del apartamento se pagó, el caso a lo que se reduce en estos momentos es al asunto de los informes financieros”, sostuvo el licenciado Lamboy López. 

Según los argumentos presentados por el abogado, la exlegisladora presentó una enmienda en marzo del 2017, antes de que la acusaran y presuntamente el FEI utilizó unos informes financieros incompletos para radicar sus acusaciones.

“La controversia que estriba en este caso es si el documento que se presentó en este caso constituye una enmienda. Ética Gubernamental ordenó deshabilitarle la cuenta a Mari Tere González, eso quiere decir que Mari Tere González no podía presentar los informes correspondientes y no podía enmendar los informes y lo hizo en papel físico”, indicó el abogado.

El auditor de la Oficina de Ética Gubernamental, José Báez, testificó que la agencia le ordenó bloquearle la cuenta electrónica para que presuntamente no pudiera enmendar los informes, por tanto, su solicitud de desestimación se ampara en que el juez anterior tuvo ante su consideración un documento que establece que sí radicó el documento ante esa agencia lo que cambia toda la base del caso. 

“Nos opusimos a la desestimación porque no procede en derecho, porque se cumplió con los elementos necesarios en la vista preliminar”, señaló el fiscal Ramón Mendoza, junto a la fiscal Leticia Pabón.

De acuerdo con la teoría presentada por el FEI, González supuestamente recibió ayuda financiera del convicto empresario Anaudi Hernández, exrecaudador del PPD y exmiembro del comité de finanzas del expresidente cameral Jaime Perelló, a cambio de lograr la confirmación de Sally López como directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL).

Como parte de esos alegados beneficios económicos, la exlegisladora vivió sin pagar alquiler en un apartamento de un socio de Anaudi y nunca lo notificó en sus informes ante la OEG. De haber pagado, hubiese tenido que desembolsar alrededor de $43,000 en tres años.

Las acusaciones contra la exlegisladora surgieron del caso federal por corrupción gubernamental contra Hernández, quien se declaró culpable por un esquema de soborno en varias agencias del gobierno.

La exlegisladora fue sentada en la silla de los testigos y cuando fue abordada sobre detalles relacionados a los donativos a su campaña, se amparó en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para no autoincriminarse.

“La médula del caso el PFEI no la ha suministrado a la defensa. Ellos gastaron todos los cartuchos en la vista preliminar, toda la información que tenía la entregaron en la vista preliminar, ¿qué me dice a mí? Que es un caso flojo, que no tienen más prueba, que no tienen evidencia para incriminar a Mari Tere González”, afirmó el abogado de González.