La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ya está en la recta final para radicar cargos en contra de José Cordero Pérez, empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por acosar a una abonada a la que envió fotos suyas desnudo.

Primera Hora supo que la OEG presentará la semana que viene entre dos y tres cargos por violación al Reglamento de Ética Gubernamental contra Cordero Pérez, particularmente por atribuirse unas funciones que no le correspondían a su cargo y por negligencia al interferir de manera antiética con una cliente.

Este diario también supo que las investigadoras de la OEG han levantado cuestionamientos sobre los cargos que la fiscalía de Aguadilla radicó en contra del empleado, toda vez que no incluyeron cargos graves de violación a la Ley de Ética Gubernamental que es distinta al Reglamento.

Según una fuente de entero crédito con conocimiento de la pesquisa, las abogadas que tienen a su cargo el procedimiento en la OEG han señalado las similitudes de este caso con el del ex alcalde de Cidra, Ángel Wiso Malavé, quien resultó convicto por un patrón de hostigamiento sexual contra varias empleadas y por hacer trabajos político- partidistas en horas de trabajo y con fondos públicos.

Malavé fue sancionado tanto por violar el Reglamento como la Ley de Ética Gubernamental.

“Es que no se entiende por qué no radicaron cargos criminales por Ley de Ética. Eso era obvio que lo podían hacer. Hay los elementos allí para presentar cargos bajo las disposiciones de esa ley…aunque se entiende que aún hay tiempo de enmendar la denuncia. Pero, ciertamente, hay que preguntarse por qué fiscalía no lo hizo”, dijo la fuente que habló bajo condición de anonimato.

También se discutió al interior de la OEG por qué no se han radicado cargos por intentos de soborno contra los abogados de Cordero Pérez luego de que trascendió en la vista preliminar que alegadamente le ofrecieron a la víctima, Marcia Gil Caraballo, retractarse de las denuncias a cambio de $50,000.

Al mismo tiempo la perjudicada envió ayer una carta al secretario de Justicia César Miranda pidiendo que se traslade el caso a otro tribunal, que se le asigne una fiscal mujer adicional y que se realice una investigación sobre el alegado soborno por parte de la defensa de Cordero Pérez, entre otros señalamientos. Indica además que tiene pruebas que son pertinentes para impugnar la teoría de la defensa, y que aparentemente no se van a utilizar.

Las peticiones surgen ante incongruencias que Gil Caraballo ha visto durante el proceso que se ha atrasado en un sinnúmero de ocasiones y que le hacen sentir que no se le está haciendo justicia, argumenta la perjudicada en el documento.

“A pesar de ser la víctima de estos hechos, también se le permitió a la defensa que de forma humillante se utilizara la vestimenta que llevaba puesta el día que comenzaron los hechos (pantalón corto) para intentar demostrar que mi ropa fue lo que provocó que el Sr. Cordero cometiera sendos delitos en mi contra”, reza una parte de la misiva copia de la cual obtuvo Primera Hora.

Mientras, hoy hay una vista en la sala del juez Jaime Rodríguez del Centro Judicial de Aguadilla sobre el status del caso previo al juicio. El fiscal a cargo es Juan Ramos.

Pérez Cordero enfrenta cargos criminales por influencia indebida, acoso sexual, tentativa de extorsión y alteración a la paz. 

Los hechos en este caso iniciaron en mayo de 2014 cuando Cordero Pérez fue a inspeccionar el contador de electricidad en la casa de Gil Caraballo en  Aguadilla, en lo que alegó era un operativo para detectar posible mal uso de los contadores en la comunidad.

Desde ese día, el hombre entabló conversaciones con Caraballo Gil y le aseguraba que su contador estaba alterado, que no acudiera a las oficinas comerciales porque era él quien podía ayudarla. 

El empleado de la AEE comenzó entonces a invitarla a salir, le envió fotos de índole sexual y pasó por su residencia en múltiples ocasiones, en y fuera de horas laborables, incluso en autos oficiales .