Exagente federal insiste en que le fabricaron una encerrona

Por Osman Pérez Méndez / [email protected] 05/29/2018 |11:45 p.m.
En su testimonio, Reyes Caparrós insistió en que siguió los procedimientos de la fiscalía federal respecto a viajes al extranjero para pedir permiso e ir a Rusia. ([email protected])  
Demandante, que mantiene un pleito contra la oficina de Rosa Emilia, alega que siguió el protocolo, pero lo hicieron lucir como un espía ruso.

Francisco J. Reyes Caparrós, el expecialista de seguridad que lleva un pleito por hostigamiento laboral contra la oficina de la fiscalía federal en Puerto Rico, terminó ayer de prestar su testimonio sobre los incidentes que considera fueron parte del alegado patrón de acoso en su contra.

Reyes Caparrós respondió a preguntas del abogado de la fiscalía federal, Jason Weida, quien buscó desacreditar su versión de los hechos, aunque en ocasiones tuvo líneas de preguntas que no parecían conducir a algo. 

Una parte importante de las preguntas de Weida se centraron en el incidente de la investigación que desató el FBI contra el entonces perito, luego que él diera a conocer su deseo de aceptar una invitación a un viaje a Rusia con los gastos pagos, en octubre de 2013. 

Reyes Caparrós recibió la invitación de parte de un amigo de la infancia, Kaleb Rodríguez, quien está casado con la cónsul de Rusia, pero la persona detrás de la entidad que pagaría el viaje era alguien que el FBI identifica como espía, aunque Reyes Caparrós no tenía conocimiento de eso.

Mientras hacía su investigación, el FBI pidió restringir los accesos a Reyes Caparrós, lo cual llevó a la fiscalía federal a darle otras tareas y trasladarlo de oficina.

La pesquisa tardó casi dos años y Reyes Caparrós eventualmente renunció; no hizo el viaje a Rusia.

En su testimonio, Reyes Caparrós insistió en que siguió los procedimientos de la fiscalía federal respecto a viajes al extranjero para pedir permiso e ir a Rusia. 

Weida le planteó si tenía o no razones para sospechar de la invitación a Rusia, un país que se considera hostil hacia los Estados Unidos. 

Respondió que la invitación “vino de un puertorriqueño, que trabajaba en La Fortaleza” (como asesor del gobernador Luis Fortuño), y que otros empleados federales habían participado de viajes similares y se le había reembolsado gastos. 

“Estas cooperaciones no son raras. Yo he trabajado con fiscales y jueces colombianos. Y según su premisa, sería un narcotraficante. Esa es una premisa equivocada”, dijo Reyes Caparrós ante la insistencia del abogado de cuestionar su juicio en torno a Rusia. “¿Si vas a China o Rusia, eres un espía? ¿Si vas a Colombia, eres narcotraficante? Eso está mal. Usted se está pasando de la raya”. 

Reyes Caparrós insistió que para atender las dudas que pueda haber con cualquier nación, “se sigue un proceso, y si hay un problema, se atiende”. 

Al finalizar su testimonio, Weida presentó una moción pidiendo la desestimación total del caso. 

Entre otras cosas, alegó que no se podía ver como una represalia las acciones restrictivas contra Reyes Caparrós tomadas a pedido del FBI. 

El juez Joseph Laplante dijo que atendería la moción, pero recordó que parte de la alegación del demandante es que hubo una conspiración entre la fiscalía federal y el FBI para actuar en su contra, luego de que hubiera otros incidentes anteriores que dejaban claro que le tenían el ojo echado. 

En la tarde, inició el desfile de testigos de la demandada, con el exfiscal Wallas Bustelo, cuyo testimonio está vinculado con un incidente que llevó a sancionar a Reyes Caparrós y la fiscal Carmen Márquez. 

Bustelo relató que Reyes Caparrós y Márquez le habían preguntado sobre el uso de un apartamento en un edificio en Isla Verde, Carolina, en lo que podía verse como un aparente conflicto de interés, y admitió que fue quien llevó el asunto ante sus supervisores. 

El apartamento pertenecía al abogado Osvaldo Carlo y fue alquilado por Márquez y la entonces segunda al mando de la oficina, María Domínguez, durante el período del juicio contra el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, y que fue usado alegadamente como “nido de amor” por el fiscal José Capó y la fiscal Jennifer Hernández. 

Reyes Caparrós sometió una petición formal de información bajo la Ley de Libertad de Información, pero eventualmente, todo el asunto fue considerado “un chisme”. 

Bamily López, abogada del demandante, cuestionó a Bustelo si sus acciones de denunciar a dos empleados que se sabía tenían quejas por hostigamiento contra la oficina buscaban ganarse el favor de supervisores, pero el exfiscal negó que ese fuera el caso. 

El caso continúa hoy, cuando se espera declaren varios fiscales federales. 

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