Exdetective de Ana Cacho, Milton Rodríguez, entra en un juego de palabras

Por Cynthia Lopez Cabán / cynthia.lopez@gfrmedia.com 05/09/2013 | 02:13 p.m.
Milton Rodríguez reconoció que existía una cláusula de confidencialidad. (ana.abruna@gfrmedia.com)  
Reconoció que existía una cláusula de confidencialidad.

El ex detective privado Milton Rodríguez reconoció esta tarde que existía una cláusula de confidencialidad para que la compañía RT Security y sus empleados no divulgaran sin autorización de Ana Cacho González el contenido de la investigación sobre la muerte de su hijo Lorenzo González Cacho.

Pero, en su defensa, insistió en que el segundo párrafo de dicha cláusula también establecía que “no se utilizará información para ningún propósito por parte de la compañía” como estableciendo que esta disposición solo aplicaba a RT Security, que preside y de la cual es único socio, y no a él en su carácter personal.

Hoy, en la continuación del juicio que se sigue contra el expolicía por supuestamente violar los términos de confidencialidad de un primer contrato que firmó con la familia Cacho González, Rodríguez Rivera ofreció detalles de un segundo contrato, que también contiene la disputada cláusula de confidencialidad.

“¿La compañía y sus empleados se comprometen a no divulgar información sin autorización de sus clientes?”, preguntó la licenciada Brenda Berríos Morales al testigo y demandado durante su turno de contrainterrogatorio.

“Sí”, respondió Rodríguez.

“¿Como detective, sabía que había una obligación de no divulgar?”, continuó la abogada.

“Sí”, contestó Rodríguez.

El primer párrafo de la polémica cláusula la incluyó a mano Rodríguez Rivera a petición de Ivette González, la mamá de Ana. Luego, él lo firmó y lo inició. Pero el segundo párrafo lo añadió González con su puño y letra. Esta aclaración solo tiene las iniciales del exdetective, según declaró esta tarde.

En el segundo contrato contiene una cláusula parecida, pero en esta ocasión se añadió como parte del texto escrito a computadora. La familia Cacho González solo desembolsó -en dos pagos- la cantidad de $8,500 por el primer contrato, y no realizó pagos por el segundo.

Además del debate técnico sobre los términos de confidencialidad de los contratos, la licenciada Berríos Morales realizó una línea de preguntas que llevó al exdetective a un juego de palabras que incluso confundió a la jueza Enid Martínez Moya, del Tribunal de San Juan.

 “Me he perdido, ¿quién era su cliente?”, indagó la magistrada mientras interrumpía a la abogada.

Minutos antes, Rodríguez Rivera había indicado que “Mi clienta era Ana Cacho”, pero que González había firmado el contrato porque era la persona que iba a pagar por sus servicios.

Sin embargo, a una pregunta de la abogada sobre las tareas que realizó como parte de la investigación, el exdetective aceptó que recibía directrices directamente de la mamá de Ana. Esta aseveración provocó la pregunta y la cara de confusión de la togada.

Durante el contrainterrogatorio de Berríos Morales, Rodríguez Rivera afirmó que la relación contractual con la familia Cacho González terminó cuando en el contexto del segundo contrato alegadamente le pidieron realizar una acción “ilegal” que nunca identificó y que ante la negativa de la familia a darle la información que necesitaba para esclarecer el asesinato de Lorenzo inició una investigación paralela por cuenta propia.

Además, indicó en varias ocasiones que tuvo dificultades para entrevistar a Cacho González sin la presencia de su madre. Sin embargo, en la página 109 del libro “Caso Lorenzo: Desde mi punto de vista” indicó que “el dúo (él y su asistente) se reportaba con Ana Cacho para que estuviese tranquila y con la seguridad de que había todo un equipo de investigación detrás del caso Lorenzo”.

 En el directo de la abogada Yesenia Varela Colón, Rodríguez Rivera explicó que las directrices que recibía de González y de Cacho González dirigían la investigación hacia Ahmed Alí González, exesposo de Cacho y padre de Lorenzo.

 
Juicio por publicación del libro Caso Lorenzo

Ana Cacho se reafirmó en que tras la publicación del libro “Caso Lorenzo: Desde mi punto de vista” se recrudeció la hostilidad ciudadana en su contra.

Como parte de estas tareas, González le pidió que levantara huellas digitales de dos botellas de cerveza que pertenecían a Ahmed Alí y que asistiera a una vigilia en honor a Lorenzo donde estaría el hombre.

Rodríguez Rivera también aseguró a preguntas de Varela Colón -quien es la esposa de Carlos Sánchez, primo y abogado de Ahmed Alí- que lo despidieron un día después de que solicitó acceso a Cacho González para conversar con ella sobre unas alegadas discrepancias en la hora de la muerte de Lorenzo y el momento en que la mujer supuestamente se encontraba viendo televisión con William Marrero en la casa.

Como parte de las preguntas de su abogada, Rodríguez Rivera reconoció que conversaba constantemente con González para recibir información del caso, pese a que no era su clienta, porque “doña Ivette era la única persona autorizada a dar información, que como estaba pagando todo era a través de ella”.

 Aseguró, además, que en su libro, nunca llegó a conclusiones.

“(No lo hice) porque no me permitieron concluir la investigación, porque cuando me acerqué a datos importantes me despidieron”, indicó.

Como ocurrió el martes pasado, hoy estuvieron en sala el capitán Rafael Rosa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía de Bayamón, y el agente Simón Rosa, quien dirige la investigación criminal de la muerte de Lorenzo.

A su salida de sala, Rodríguez Rivera no realizó comentarios porque se encontraba bajo juramento pues su testimonio continúa mañana.

La abogada Varela Colón, quien representa a Rodríguez Rivera junto a la licenciada Luz Vargas Pérez, describió el proceso como “uno muy bueno” e insistió que la cláusula de confidencialidad que cobija a los detectives privados se puede quebrar cuando se sospecha que está ocurriendo alguna ilegalidad. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la alegada acción ilegal que la familia Cacho González supuestamente pidió a su cliente.

La licenciada Berríos Morales, quien representa a Cacho González junto a la abogada Sharon González Maldonado, negó la comisión de algún acto ilegal.

Cacho González, por su parte, afirmó que esta acción civil que procura $1 millón en daños no tiene un fin monetario, sino que persigue “justicia”.