Exdetective de Ana Cacho vuelve a enredarse en juego de palabras

Por Cynthia Lopez Cabán / cynthia.lopez@gfrmedia.com 05/10/2013 | 01:21 p.m.
Milton Rodríguez fue demandado por Ana Cacho por incumplimiento del contrato al publicar sin su autorización el libro sobre la pesquisa del caso Lorenzo. (josé.madera@gfrmedia.com)  
Milton Rodríguez olvidó detalles del libro que publicó.

El exdetective privado Milton Rodríguez confrontó problemas con la memoria hoy, viernes, y entró en varias contradicciones en sus declaraciones durante la continuación del juicio civil que se sigue en su contra por supuestamente violar los términos de confidencialidad del contrato que firmó con la familia Cacho González.

En el segundo y último día de su testimonio, Rodríguez olvidó detalles de su libro “Caso Lorenzo: Desde mi punto de vista”, publicado en septiembre del 2010, y volvió a enredarse en un juego de palabras y de contradicciones al responder las preguntas de la abogada Sharon González Maldonado, quien representa a los demandantes Ana Cacho, Ivette González y su esposo Charles Elías.

Durante el turno de contrainterrogatorio, que inició el jueves la abogada Brenda Berríos Morales, quien también representa a la familia Cacho González, y que retomó González Maldonado este viernes, el expolicía afirmó que su interés en este caso no estaba vinculado a su deseo de publicar un libro.

¿Bien temprano en la investigación usted entendió que (la investigación) iba a ser tremenda historia para un libro?”, cuestionó González Maldonado.

“No”, contestó Rodríguez.

“¿No había pensado en escribir un libro?”, insistió la letrada.

“No”, reiteró el exdetective, que perdió la licencia a raíz de este caso.

Entonces la abogada confrontó al testigo con su libro y leyó el último párrafo de la página 2, que lee: "Dejando esto claro, cuando me contrataron para trabajar en el caso Lorenzo no pensé en escribir un libro, pero ya en la marcha de la investigación me di cuenta de detalles que poco a poco tenían todos los elementos necesarios para contar una historia digna de ser publicada”.

En tono serio, el testigo soltó: “Sí, me di cuenta de eso”.

La abogada continuó con una pregunta sobre la disputada cláusula de confidencialidad que escribió con su puño y letra en el primer contrato con la familia Cacho González, que se extendió del 24 de marzo al 23 de abril del 2010.

“¿Reconoce que en ese momento usted tenía una cláusula de confidencialidad?”, indagó la abogada.

“Sí”, indicó Rodríguez, quien se quejó de los supuestos gestos que realizaba la licenciada Berríos Morales, mientras su colega lo sometía a un intenso contrainterrogatorio.

Pese a que inicialmente planteó que esta cláusula solo obligaba a la compañía RT Security y a Ivette González, quien inició la cláusula, a no divulgar información obtenida de la investigación sin la autorización de la parte contratante, luego reconoció que ese párrafo también obligaba a los empleados de la empresa.

En todo su testimonio ante la jueza Enid Martínez Moya, del Tribunal de San Juan, Rodríguez realizó un juego de palabras al argumentar que esta cláusula solo cobija a la empresa RT Security, que preside y de la cual es su único socio. Sin embargo, al mismo tiempo se identificó como empleado de la compañía tratando de establecer que se trata de dos personas jurídicas diferentes.

Pero a pesar del planteamiento de que era empleado de una compañía que tenía varios empleados, tuvo dificultades para mencionar a los nombres de dichos empleados.

“Sí, deben tener nombre”, comentó cuando González Maldonado cuestionó insistentemente a quién pedía autorización para realizar las gestiones que realizaba como empleado.

Luego mencionó a Ivelisse Tirado, su esposa, y a Jonathan Luna, un estudiante, como los otros empleados de la compañía.

Durante el extenso contrainterrogatorio de González Maldonado, el expolicía también reconoció que aunque afirmó en múltiples ocasiones que Ivette González no le permitía realizar gestiones por iniciativa propia debido a las limitaciones del contrato, que exigían su autorización, nunca le pidió permiso directamente a la mujer para realizar esos trabajos.

Pero lejos de aclarar la situación, con esta respuesta Rodríguez entró en otra contracción porque ayer insistió en que Ana Cacho era la cliente de RT Security, según el primer contrato. En ese momento, explicó que su mamá solo firmó el documento porque era quien iba a desembolsar el dinero de los servicios contratos.

Además, insistió en que la familia Cacho González interfirió con su trabajo al no permitirle acceso al cuarto de la hermana mayor de Lorenzo, entre otras tres cosas, pero al mismo tiempo, González aceptó que le entregó las llaves de la casa la urbanización Dorado del Mar un día para que permitiera entrada de la Policía y del Insituto de Ciencias Forenses. Ese día, aunque estuvo solo y sin el ojo visor de González, no entró al cuarto.

Tampoco recordó cuanto tiempo trabajó como parte del segundo contrato, que se extendía del 27 de abril al 26 de mayo de 2010, pero su memoria retornó cuando González Maldonado le leyó la página 122 del libro que dice: “a la semana de comenzar con el contrato nuevo, me enteré por el licenciado criminalista que doña Ivette me había despedido, porque ella quería tener en su equipo a alguien con otra perspectiva”. Con esta aseveración, el detective entró en otra contradicción porque ayer apuntó que el segundo contrato lo firmó Cacho, su clienta. 

Pese a que reclama el pago del segundo contrato ($8,500), el exdetective tuvo dificultades para recordar qué tareas realizó como parte de este contrato. Solo mencionó llevar a Cacho a una entrevista de televisión.

Después del extenso contrainterrogatorio, la licenciada Yesenia Varela Colón, esposa de Carlos Sánchez, primo y abogado de Ahmed Alí, solo realizó una pregunta para aclarar que el expolicía fue expulsado de la uniformada, pero eventualmente reinstalado en el cuerpo hasta que renunció para realizar otros trabajos.

Entonces la jueza jueza Martínez Moya cuestionó al testigo sobre las responsabilidades de la compañía que presidía y su rol como empleado de esta empresa.

Después de preguntarle si entendía que la compañía era un escudo para protegerlo de responsabilidad, leyó parte de una ley sobre las corporaciones que ofrecen servicios a personas. Este estatuto, según la magistrada, establece que el profesional que da el servicio en nombre de la corporación sigue siendo responsable si es que incurre en un acto negliente, ilícito o conducta torticera producto del servicio profesional que se ofrece a nombre de la corporación.

La magistrada también volvió sobre el asunto del despido del exdetective que en el libro afirma que sucedió porque González quería a alguien con otra perspectiva, pero en sala insistió que se debía a que le habían pedido algo ilegal.

“¿No tengo claro que es lo ilegal?”, preguntó la jueza sobre un asunto que planteó Rodríguez, pero que nunca se discutió como parte del directo de sus abogadas.

“Es una combinación de todo, me pidieron que siguera a las niñas para ver si estaban juntas en Palmas del Mar", apuntó Rodríguez. "Dije que no me iba a prestar a seguir ningunas nenas, cuando el tribunal había requerido la custodia de las niñas y le había prohibido acercarse a ellas, y yo entendía que lo que estaban pidiendo era ilegal”.

Luego, a preguntas de González Maldonado, indicó que no radicó una querella sobre esta supuesta ilegalidad, pero que informó a la Policía y la Fiscalía de esta situación.

El juicio sigue el 21 de junio. Ese día las abogadas de Rodríguez, Varela Colón y Luz Vargas Pérez, sentarán a la siquiatra Ileana Fumero, quien atendió a Cacho y a González.

A su salida de la sala 902, el exdetective privado afirmó estar “bien contento”, pero no abundó sobre la supuesta ilegalidad que le solicitó la familia Cacho Gonzalez.

Cacho, por su parte, indicó sentirse tranquila “al escuchar como el señor Rodríguez cada vez más se hunde”.

“A él nunca se le pidió nada ilegal. Nos vendió una película (sobre los contactos y los servicios que podía proveer) y terminó vendiendo un libro a cuenta de la sangre de mi hijo”, afirmó.

Cacho, González y Elías demandaron a Rodríguez por incumplimiento del contrato al publicar sin su autorización el libro y reclaman $1 millón en daños. La familia contrató al exdetective para ayudar a esclarecer la muerte del hijo de Cacho, Lorenzo González Cacho.