El designado superintendente de la Policía, José Caldero, negó este lunes haber abogado o intervenido para que al convicto, Pablo Casellas Toro, se le devolviera el permiso para portar armas en el 2007.

La explicación la dio Caldero en una entrevista radial (NotiUno), luego de que la representante María Milagros Charbonier le solicitara que aclarara el proceso de rearmar al excorredor de seguro que cumple una sentencia por asesinar a su esposa, Carmen Paredes Cintrón.

“Ninguna, ninguna”, afirmó, cuando se le preguntó si existía algún vínculo en el proceso.

Aceptó, sin embargo, que el entonces jefe de los fiscales federales, Herman J. Wirshing, le envió en aquel entonces un documento relacionado a un caso que Casellas tuvo en Nueva Jersey, al que se le encontró no causa para arresto. Dijo que procedió a remitirlo a la superintendente auxiliar en Servicios al Ciudadano, donde se analiza la solicitud de portación de armas.

“Lo que existe es un documento que me envió a mí Herman Wirshing y yo se lo referí... Yo no tenía potestad sobre eso”, indicó.

Añadió que Wirshing y él tenían buena relación de trabajo, por lo que cree que eso medió para que este optara en informarle sobre el caso de Casellas.

Específicamente, Charbonier expuso en declaraciones escritas que Caldero debía explicar la relación con el caso de Casellas por un trasunto político.

 La representante del Partido Nuevo Progresista dijo que lo que levantó suspicacia es que se presume que Casellas era donante del Partido Popular Democrático (PPD) en momentos en que fue rearmado.

 “Este es un asunto de gran importancia para el pueblo de Puerto Rico. Hoy le estamos exigiendo a la persona que el gobernador Alejandro García Padilla seleccionó para dirigir a la Uniformada a que explique su rol, concretamente, en rearmar a Pablo Casellas cuando a este le quitaron sus armas por conducta impropia. El nominado tiene que explicarle al País el trato preferencial que le brindó a Casellas. No puede haber titubeos aquí”, sentenció la legisladora.

Casellas fue acusado y resultó convicto de ultimar a su esposa en la residencia que compartían en Guaynabo. En el proceso judicial trascendió que utilizó un arma que alegó le había sido robada mediante un falso "carjacking”.

Entretanto, Caldero fue designado el pasado viernes a convertirse en el tercer superintendente de la administración de García Padilla. Su nombramiento debe ser aprobado por el Senado antes de ocupar el cargo.

Según sostuvo Charbonier en sus declaraciones escritas, el nuevo superintendente supuestamente “instruyó a que se le devolviera la licencia de portar armas a Casellas en un proceso catalogado como altamente irregular, ya que no se suscribió a lo estipulado en el manual de procedimiento de la Policía”.

Detalló que el 6 de febrero de 2007, el entonces superintendente auxiliar en Servicios al Ciudadano, José Marrero Ruiz, envió una carta a Casellas indicándole la orden de remoción de su licencia de armas (no. 7557) y el permiso de tiro al blanco (no. 14499). En dicha carta se le presentó a Casellas, de acuerdo con la legisladora, la opción de solicitar una vista administrativa si se encontraba inconforme con la decisión.

Charbonier indicó que “extrañamente, al día siguiente, Herman J. Wirshing, jefe de alguaciles federales y amigo cercano a la familia Casellas, así como del propio Caldero, le suscribe una comunicación, a puño y letra, al ahora nominado expresándole su disponibilidad para eliminar la orden de revocación”.

Por ello, la legisladora indicó que “levanta mucha sospecha que apenas días después de la comunicación entre el agente federal y Caldero, la Superintendencia Auxiliar circulara otra carta, esta vez asegurando que Casellas no tiene 'impedimento alguno por el cual no pueda seguir disfrutando del privilegio antes concedido'”.

A diferencia de la primera, Marrero Ruiz no firma esta misiva, alegó Charbonier.