El presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, le solicitará una reunión a  la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que aclare si la Policía puede negarse a certificar las deudas pendientes de pago de los agentes amparándose en la Ley Promesa, como lo expuso en una carta circular la superintendente de la Policía, emitida el 10 de agosto. 

La carta enviada por Michelle Hernández de Fraley está dirigida a aquellos oficiales que recibieron la comunicación emitida por el Tribunal Federal distrito de Puerto Rico para la notificación del comienzo de procesos bajo el Título III de Promesa que activó una paralización automática de todas las reclamaciones de los acreedores, que se  dilucidará ante la jueza federal Laura Taylor Swain. 

“Vamos a pedirle audiencia a la Junta de Control Fiscal para que nos expliquen  cuál es la verdad de la carta de la Superintendente. Esa carta es una falta de respeto a la Policía, una consumación de abusos. La Policía está utilizando Promesa y las leyes de Promesa para sacarlas fuera de contexto. Yo no me creo el cuento de que están obrando de acuerdo a la Ley Promesa”, se reafirmó Figueroa.

Criticó la actitud asumida por Hernández de Fraley de negarse a emitir esas certificaciones, ya que la agencia que dirige debe tener la información de cuánto  se le adeuda a cada uno de los oficiales de la Policía por conceptos como horas extras, ajustes salariales, a los pensionados, nóminas especiales y licencias acumuladas, entre otros renglones. 

“Si la Policía tiene esa información, cuál es la situación que no las entrega y el policía no puede hacerle los reclamos”, expresó airado Figueroa.  

El gremio indicó que poseen alrededor de 3,227 informes de Revisión de Pago del 2006 al 2011 que fueron hechas por una firma de auditoría contratada por el exgobernador Luis G. Fortuño, a un costo de $6 millones, cuando Héctor M. Pesquera era el superintendente, ahora  secretario del Departamento de Seguridad Pública,  a quien le pidió que intervenga de manera urgente.    

Estos datos, aunque no estén actualizados, serán utilizados por FUPO para acudir al Tribunal de Quiebras Federal para continuar con el proceso de reclamación como acreedores del Gobierno.  

Si finalmente la JSF determina que la agencia tiene la obligación de emitir esa certificación de la deuda y la Policía no lo hace, acudirán al tribunal con un recurso de interdicto para obligar a la agencia a cumplir con la ley, advirtió molesto Figueroa.