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Exigen a Tribunal que cite al Superintendente por incumplir pago de deudas

Por Maribel Hernández Pérez 08/27/2014 |10:58 a.m.
Para el mes de junio, Caldero López anunció la asignación de esa partida presupuestaria de los $16 millones durante una reunión en la Fortaleza. (Archivo)  
la solicitud vino por parte del Frente Unido de Policías Organizados y el Concilio Nacional de Policías.
El Frente Unido de Policías Organizados (Fupo) y el Concilio Nacional de Policías (Conapol) le solicitaron al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que cite so pena de desacato al superintendente, José L. Caldero López, para que rinda cuentas sobre el incumplimiento del pago de la deuda por concepto del ajuste salarial acumulada desde el año 2004.

En la moción informativa de carácter urgente, radicada el pasado 12 de agosto, se indica que la decisión se tomó ante la alegada inacción de la Policía en establecer cómo se van a distribuir unos $16 millones con el fin de comenzar a pagar el remanente de la deuda por concepto del ajuste salarial pendiente de pago hace unos diez años.

Según lo ordenó el Tribunal, los abogados de ambas organizaciones se reunieron el 12 de agosto con el licenciado Manuel Díaz Lugo, un abogado de la oficina del Procurador General del Departamento de Justicia en representación de la Policía, quien les indicó que no se ha realizado la evaluación correspondiente del monto de la deuda acumulada entre el período del primero de julio al 31 de diciembre del año 2011.

 “Que él (licenciado Díaz Lugo) desconoce si se ha asignado el personal para realizar la evaluación de los retirados y los cerca de los 1,500 reclamantes activos que no se han evaluados sus expedientes, conforme fue acordado con el exsuperintendente, James Tuller, en reunión celebrada el 20 de marzo de 2014, y según fue informado a este Honorable Tribunal en la vista anterior”, según lee la moción de la cual le entregó una copia a este medio el presidente de Fupo, Diego Figueroa.

 Para el mes de junio, Caldero López anunció la asignación de esa partida presupuestaria de los $16 millones durante una reunión en la Fortaleza. Sobre este particular, el licenciado Díaz Lugo les informó que tenía conocimiento de que esa solicitud de fondos se encuentra ante la consideración de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pero que no sabía si se había asignado el dinero.

 Por tal razón, los demandantes le solicitaron al Tribunal que cite al superintendente para que informe sobre el incumplimiento de la orden y que fije un término para el pago de la deuda y el pago de los $16 millones como abono de la misma.

 El Gobierno aceptó en el Tribunal que adeuda $270 millones por ese concepto, como resultado de una demanda radicada en el año 2007 por ambos gremios en beneficio de un total de 5,225 oficiales.