La exsubjefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, María Domínguez Victoriano, representará a Juan Bravo Fernández, coacusado en el caso contra el exsenador Héctor Martínez Maldonado por supuesto soborno.

Esto ocurre un mes después de que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston dejara la puerta abierta para que se pueda celebrar un nuevo juicio contra ambos, al determinar que no sería doble exposición o "double jeopardy".

En el expediente del caso, aparece que el entonces abogado del empresario, David Chesnoff, renunció y Domínguez Victoriano sometió una moción para informar que asumirá su representación bajo la firma de McConnell Valdés, donde trabaja desde principios de año, luego de renunciar a la Fiscalía Federal.

La reconocida abogada fue una de las fiscales en el caso contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá junto al fiscal Peter M. Koski, de la División de Integridad Pública en Washington D.C., quien es el fiscal del caso contra Bravo Fernández y Martínez Maldonado.

Domínguez Victoriano también representa legalmente al oftalmólogo Salomón Melgen por un caso que pesa en su contra por fraude de $190 millones al Medicare que se ventila en el Tribunal Federal de West Palm Beach, en Florida. Melgen es coacusado en el caso contra el senador demócrata Robert Menéndez por fraude y soborno, esto porque se alega que el senador por Nueva Jersey ejerció ilegalmente su influencia política para ayudar a Melgen a cambio de casi $1 millón en regalos y donaciones. Koski también es el fiscal de este caso.

En el caso contra Bravo Fernández y Martínez Maldonado, en junio de 2013, el Tribunal de Apelaciones de Boston revocó sus convicciones y determinó que el juez federal del Distrito de Puerto Rico, Francisco A. Besosa, debía emitir un fallo de absolución, lo que procedió a hacer en noviembre de 2013.

No obstante, Besosa aclaró que los fiscales de la División de Integridad Pública en Washington podían solicitar un nuevo juicio. La defensa apeló basándose en que si los enjuiciaban nuevamente, resultaría en una doble exposición. 

Sin embargo, el Primer Circuito determinó hoy, miércoles, que la Fiscalía puede pedir un nuevo juicio. La opinión de los jueces Jeffrey R. Howard, Kermit V. Lipez y David J. Barron establece que esta apelación "levanta asuntos importantes y noveles" en relación al caso que absolvieron anteriormente sobre la cláusula de doble exposición.

"La corte de distrito rechazó los argumentos de doble exposición, y nosotros también. Se reafirma la decisión de la corte de distrito", lee la determinación de Boston.

El fiscal Koski aún no ha informado si solicitará se celebre un nuevo juicio.

El 27 de junio de 2013, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revocó las convicciones del exsenador novoprogresista y del empresario. Determinó que el cargo de soborno contra ambos no se sostenía en derecho porque estaba basado en una teoría en la que Martínez Maldonado recibió una "regalía" por favorecer a Bravo Fernández con legislación y eso no es penalizado por los estatutos federales.

Según la opinión del circuito, Besosa erró al impartir las instrucciones al jurado y no explicar la diferencia entre regalía y soborno. Destacó que las regalías no son criminalizadas, pero los sobornos sí.

“A diferencia de la mayoría de los circuitos que se han ocupado de este tema, llegamos a la conclusión que el 666 (artículo del Código Penal Federal que criminaliza el soborno) no penaliza las regalías", lee la determinación de 2013. 

Tanto Bravo Fernández como Martínez Maldonado fueron dejados en libertad bajo fianza en enero de 2013 luego que el Circuito determinara que existía la posibilidad de que la convicción y sentencia de ambos fueran revocadas.

A inicios de noviembre el Primer Circuito de Boston celebró una audiencia en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan en la que los abogados de defensa argumentaron sobre los errores en las convicciones de Martínez Maldonado y Bravo Fernández. 

En ese momento se entendía que los jueces del circuito Kermit Lipez, Jeffrey Howard y O. Rogeriee Thompson podrían revocar la convicción, ordenar un nuevo juicio o confirmar el veredicto condenatorio por corrupción gubernamental. 

Los abogados de defensa en esa audiencia intentaron demostrar que el Tribunal Federal no tenía jurisdicción sobre las imputaciones contra Martínez Maldonado y Bravo Fernández. Además, establecían que el viaje a Las Vegas a ver la pelea de excampeón de boxeo Félix “Tito” Trinidad fue un regalo que el exsenador aceptó, pero que no fue a cambio de aprobar proyectos o realizar alguna gestión legislativa a favor del empresario.

En el pliego acusatorio, se planteaba que el obsequio de Bravo a Martínez era para que el exsenador impulsara dos proyectos de ley que favorecían la compañía del empresario. 

Martínez Maldonado cumplió tiempo en una cárcel de Carolina del Norte mientras que Bravo Fernández estuvo en la prisión de Edgefield en Carolina del Sur.

La investigación contra ambos acusados contó con la cooperación del exsenador novoprogresista Jorge de Castro Font, quien cumple una condena de cárcel por recibir dinero a cambio de favores políticos. No obstante, el expresidente de la Comisión de Reglas y Calendarios del Senado no declaró en el juicio.

El convicto exsenador fue uno de los que viajó junto a Bravo Fernández y Martínez Maldonado para presenciar la pelea entre Trinidad y Ronald “Winky” Wright en la ciudad de Las Vegas, Nevada.