Cualquier trabajo de excavación o dragado propuesto en solares administrados por la Autoridad de Tierras (AT) en el Caño Tiburones tiene que ser notificado al menos con un mes de anticipación, según una orden emitida por la jueza Aileen Navas Auger, del Tribunal Superior de San Juan.

La decisión de Navas Auger surge como parte de la demanda presentada por la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña Incorporado (SOPI), entre otros, para reclamar a la Junta de Planificación (JP) y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a cumplir con la designación de todos los terrenos con humedales pertenecientes a la AT y en el Caño Tiburones, como reserva natural, según establece la Ley sobre Política Pública de Humedales de Puerto Rico.

“Acudimos al Tribunal para evitar que la AT continuara dragando canales y excavando zanjas, resultando en la desecación y destrucción de humedales, lo que eventualmente reduciría el área total de terrenos que el Gobierno está obligado a proteger como reserva natural, acción que no ha cumplido desde el año 1998” informó Pedro Saadé, representante legal de los demandantes.

Saadé dijo en un comunicado de prensa que se vieron en la necesidad de presentar una moción urgente solicitando la protección del Tribunal de San Juan debido a los trabajos de drenaje que estaba realizando la AT en días recientes, según quedó evidenciado por fotos y testimonios de varias personas en una vista judicial llevada a cabo la semana pasada. 

Navas Auger acogió planteamientos de los demandantes sobre protección de los humedales de la zona, que se alega están siendo destruidos.

Ela Cruz, portavoz de los demandantes, por su parte, opinó que en la vista se demostró también que los trabajos realizados por la AT “se han estado haciendo sin ningún tipo de plan, según declaraciones hechas por el Director Ejecutivo de esta corporación, el Agron. Salvador E. Ramírez Cardona, y por lo tanto, en menosprecio del valor natural extraordinario que tiene el Caño Tiburones.  En consecuencia, ahora tendrán que preparar y presentar un plan detallado de los trabajos que propongan hacer, incluyendo justificar los mismos ante el Tribunal, con un mes de anticipación, previo a iniciar cualquier movimiento o remoción de terreno y vegetación.”

“Confiamos que esta determinación judicial sirva de oportunidad para que la AT y el Departamento de Agricultura reconsideren sus prácticas en el Caño Tiburones, reconociendo el mandato en ley dirigido a proteger sus servicios ecológicos y su valor para la sociedad puertorriqueña”, agregó en declaraciones escritas.