Dos doctores fueron arrestados en la mañana de este miércoles por las autoridades federales por delitos relacionados a fraude hipotecario, informó el portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Carlos Osorio. 

La pesquisa que llevó a estos arrestos está relacionada al operativo realizado en febrero de 2014 en el que se arrestaron a 20 personas, entre estas a la exreina de belleza y abogada Sheila Benabe González. 

Los arrestados son precisamente el esposo de Benabe González, el cirujano plástico Edgar A. Reyes Colón, así como el gastroenterólogo de Manatí, Francisco Quintero Peña. 

Este medio corroboró que el arrestado Reyes Colón es hermano de Erick Yamil Reyes Colón, amigo cercano del gobernador Alejandro García Padilla y quien compareciera ante un gran jurado en noviembre pasado. Su citación fue como parte de la pesquisa liderada por el FBI de donativos al Partido Popular Democrático (PPD), relacionado también al caso contra el recaudador político y amigo de García Padilla, Anaudi Javier Hernández Pérez. Este fue acusado junto a otras nueve personas el 3 de diciembre pasado por un caso de corrupción gubernamental.

Erick Reyes Colón es abogado y estuvo en el comité de campaña de García Padilla. Es propietario de Integrated Consultants & Legal Advisors LLC, y logró alrededor de $4.5 millones en contratos con el gobierno desde 2013.

Cuando fue ante el gran jurado, estuvo representado por el abogado Juan Casillas y no ofreció expresiones a la prensa.

Acusación es por hacer declaraciones falta 

En el caso de su hermano, Edgar Reyes Colón, y del gastroenterólogo la imputación es por hacer declaraciones falsas en sus solicitudes de préstamos hipotecarios con el fin de obtener dinero a su beneficio, informó la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, en comunicado de prensa.

“La investigación reveló que, como parte del régimen y artificio para defraudar, los acusados, a través de testaferros, compraban una propiedad mediante la obtención de préstamos hipotecarios de una institución financiera asegurada por el gobierno federal en cantidades que exceden sustancialmente el precio de venta de la propiedad. El exceso en la cantidad del préstamo fue pagada como soborno, (llamado “kickbacked” en inglés), a los acusados, y entonces se incumplía con el pago de las primas mensuales de la hipoteca. Con el fin de garantizar la aprobación del préstamo, los participantes crearon y entregaron documentación de apoyo falsa junto con la solicitud de préstamo, es decir: los estados financieros, estados de cuenta bancarios, cartas de verificación de empleo, declaraciones de impuestos, entre otros”, detalló.

También explicó que los acusados supuestamente dieron declaraciones falsas en torno a que sus residencias principales estaban alquiladas.

Se explicó que mediante este esquema, los acusados obtuvieron dos préstamos del desaparecido Doral Bank, que totalizaron $560,000, para la compra de una propiedad ubicada en el desarrollo Palmas Plantation, en Humacao. 

La investigación que llevó a esta acusación estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). También colaboró el FBI y el Inspector General del Departamento de la Vivienda.

El fiscal Nicholas Cannon fue asignado a dirigir el caso judicial. 

De ser encontrado culpables, las penas máximas para estos delitos son 20 años de prisión y multas de hasta $1 millón. 

En cuanto al caso judicial de la esposa del cirujano plástico y de la coacusada Adelinzy Grafe Vázquez, el juicio está pautado para el 12 de enero ante el juez federal Jay García Gregory. Los restantes acusados ya hicieron alegación de culpabilidad.

La abogada y exreina de belleza fue acusada junto a otras 19 personas el 25 de febrero de 2014 por fraude de préstamos hipotecarios y proveer información falsa.

Según la acusación, se trataba de un esquema similar por el que se acusó a los galenos en esta ocasión. Específicamente, se alega que los acusados obtenían unas tasaciones por encima del valor real de las propiedades y usaban documentos falsos para obtener aprobación de instituciones financieras. El remanente de la hipoteca se les pagaba a miembros de la organización, liderada por Lina Prestol Rodríguez. Algunos actuaron como facilitadores, testaferros y vendedores.

El esquema provocó pérdidas de $5 millones por nueve préstamos hipotecarios en el Banco Bilbao Vizacaya, Santander, Doral Bank y RG Premier Bank.