Las autoridades federales reclamaron hoy, martes, el desmantelamiento de una organización delictiva que según una investigación interagencial era dirigida desde prisión por Carlos Morales Dávila, apodado Cano Gurabo, quien está sentenciado por narcotráfico.

En la organización, implicada en el trasiego de sustancias controladas y lavado de dinero, participaban contadores públicos, desarrolladores y abogados como Juan Ramón Zalduondo Viera, revelaron directivos de las agencias que participaron en la pesquisa.

Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio contra 17 individuos relacionados al grupo encabezado por Morales Dávila, que está confinado en los Estados Unidos, donde debe cumplir una sentencia de 12 años por narcotráfico.

Los cargos sometidos incluyen lavado de dinero y narcotráfico debido a que el grupo se dedicaba a importar cocaína y heroína desde Venezuela, Colombia y República Dominicana, indicó la jefa de Fiscalía Federal en San Juan, Rosa Emilia Rodríguez.

Rodríguez explicó que los contrabandos importados desde los citados países eran distribuidos en Puerto Rico, mayormente el área este, y repartidos desde Vieques usando el "ferry".

La acusación incluye una alegación de confiscación contra los 17 acusados por $1,000 millones de dólares, destacó la fiscal Rodríguez.

Como parte del esquema, los acusados usaron las ganancias de la venta de narcóticos para comprar 65 casas, 15 vehículos, botes, un apartamento de lujo en Miami, 10 lotes de terrenos para desarrollo residencial, un complejo de cuatro torres de 32 apartamentos en Montemar Apartments en Ponce, armas de fuego, prendas y dos botes de lujo, se informó en conferencia de prensa.

El director de la Oficina de Seguridad Interna y Control de Aduanas (ICE-HSI), Ángel Meléndez, por su parte, catalogó la organización de narcotráfico como una compañía dentro de Fortuna 100 y la describió como una "gran corporación".

Sobre el licenciado Zalduondo Viera, se alega que fungía como facilitador de lavado de dinero y ayudó a depositar casi $3 millones en efectivo en cuentas del Banco Santander y en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña. El abogado y desarrollador usó tres cuentas de banco bajo su nombre y de su compañía de bienes raíces Juaza Inc. para facilitar el lavado de dinero proveniente de la organización de Cano Gurabo, según se desprende de la acusación federal.

Otro desarrollador que participó de la conspiración fue identificado como Carlos "Charlie" Alvarado Encarnación, quien es dueño de varios negocios. Se le imputa vender en 2010 la propiedad Vistamar Marina a la corporación Aguas del Caribe, Inc., cuyo dueño es Luis Santana Mendeoza, pero el verdadero comprador era Cano Gurabo.

Meléndez llamó a estos acusados como "porteros".

"Algunos fueron porteros para permitir el dinero vestido de sangre y de dolor, con olor a muerte, entrara en nuestro sistema financiero... Pensaron que por sus posiciones, las instituciones financieras no notarían el lavado de dinero. La economía subterránea la sacamos hoy a la luz. Crearon empleos con dinero del narcotráfico. Esto pone en relieve que se ha integrado a la economía local", manifestó Meléndez.

"Aquellas personas que saben quiénes son, que facilitaron con sus negocios y profesiones y fueron porteros para permitir que el dinero sucio entrara a nuestra economía, porque no hayan sido arrestados hoy no quiere decir que esto se acabó. El día menos pensado, estaremos tocando sus puertas", agregó.

Meléndez sostuvo que la visión de Cano Gurabo era "invertir en cemento", por lo que invirtieron en proyectos como Montemar Apartments, Las Veredas del Mar Residential Development, y fincas en Brisas del Caribe Residential Development para lavar dinero.

Rodríguez, por su parte, señaló que uno de los miembros de la organización, Luis Santana Mendoza, construyó y luego alquiló un edificio al Sistema Universitario Ana G. Méndez en Naguabo, con dinero recibido de las ganancias de las actividades ilícitas.

Otro acusado, Jorge Bobonis Rexach, identificaba y adquiría propiedades de lujo, las remodelaba y las ponía a nombre de la corporación de Luis Santana Mendoza para esconder que el verdadero propietario era Morales Dávila, señaló Rodríguez.

Francisco "Pache" Pimentel Maldonado, otro de los acusados, era empleado de la Autoridad de los Puertos y trabajaba en los "ferries" que navegan de Vieques a la Isla Grande.

En el grupo de acusados figuran José "Cheo Silva" Silva Rentas, Luis "Pocho" López Fernández, Jaime "Jimmy" Serrano Cardona, Randy Barbosa Martínez, Julio Colón Maldonado, Jorge "Shampoo" Acevedo Martínez, Alexis "Koya" Sánchez Díaz y José Claudio "Grasa" Del Valle

También están acusados Santana Mendoza, conocido como "El Viejo"; Bobonis Rexach, apodado "Clonopin"; Felipe "Tatu" Gómez Encarnación, Héctor "El Lechero" Orta Castro y Eduardo "El Ingeniero" Santiago Orta.

El resto de los acusados incluyen al desarrollador Carlos "Charlie" Alvarado Encarnación y al licenciado Zalduondo Viera, a quien en 2012 las autoridades federales le confiscaron cerca de $600,000. Esa suma depositada en varias instituciones bancarias tenían olor a humedad y rastros de droga, según las autoridades.

Además de las imputaciones contra el grupo de 17 personas, también surgió una segunda acusación contra Carlos Barens Pérez por lavado $142,200 en efectivo.

"A los que se dedican al negocio de las drogas en Puerto Rico, ya sea como importadores, distribuidores o lavando las ganancias ilícitas, no tengan duda que no vamos a descansar hasta desmantelar sus organizaciones criminales", advirtió la fiscal Rodríguez.

La funcionaria precisó que las agencias investigadoras en este caso fueron el ICE-HSI, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la DEA, ATF, Guardia Costera, Oficina de Alguaciles Federales, Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de San Juan y el Departamento de Hacienda.

El director del Negociado Antidrogas Federal (DEA), Pedro Janer, mientras, aseguró que esta organización "no se va a volver a levantar", aún luego de arrestar a Morales Dávila en 2011 tras una investigación que comenzó en 2005.

Aunque Morales Dávila fue sentenciado a 12 años de prisión, seguía dirigiendo la organización desde la cárcel. Dijo que aunque era una ganga pequeña, era "muy efectiva" transportando droga desde Sur América y suministraba sustancias a otras organizaciones.

De ser encontrados culpables, las penas a las que se enfrentan van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Los fiscales a cargo de este caso son Eugenio Lomba y Myriam Fernández, subjefa de la división responsable de combatir el lavado de dinero.