El juez federal Gustavo Gelpí y otros funcionarios federales respaldaron durante una audiencia celebrada hoy en el Tribunal Federal las medidas implantadas por el Gobierno de Puerto Rico para cumplir con la Reforma de la Policía mediante un acuerdo que se podría extender por 10 años y que incluye una transformación de la Uniformada en aras de salvaguardar los derechos civiles de la ciudadanía.

Pero algunos activistas presentes en la audiencia solicitaron mayor participación en los cambios que se llevan a cabo en la fuerza policíaca estatal y que se podrían extender a los cuerpos municipales que reciben su instrucción y adiestramientos en la academia de la Uniformada.

“Estoy extremadamente satisfecho con los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico, aunque también reconozco que todavía hay muchas áreas que se tienen que cubrir”, dijo Gelpí durante la vista celebrada en el Viejo San Juan y en la que depusieron el secretario de Justicia, César Miranda, el superintendente de la Policía, José Caldero López, y representantes del gobernador de Puerto Rico y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Pero la vista no estuvo exenta de críticas, particularmente por parte de activistas de la comunidad dominicana que subrayaron los abusos que supuestamente se cometen diariamente contra miembros de su comunidad. 

“Venir aquí para decir que no está pasando nada es un espectáculo de mal gusto hacia el pueblo de Puerto Rico. Aquí está el contrato y el ‘batatal’ en esa Reforma de la Policía. Se está usando el dinero del pueblo para decir que todo está bien, que estamos en Disney. La policía sigue golpeando a las comunidades”, sostuvo el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez.

Aunque el juez federal también anunció una serie de vistas que se realizarán alrededor de la Isla para asegurar mayor transparencia en el proceso de la Reforma de la Policía, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), también pidió mayor apertura y participación de la sociedad civil en el proceso. 

“Tiene que haber participación ciudadana real y efectiva, y eso está en duda. Los representantes de las comunidades agredidas no son participantes de ninguno de estos procesos”, sostuvo el presidente de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, a su salida del tribunal.

Los funcionarios estatales ofrecieron datos concretos sobre cambios que se han realizado para mejorar el currículo de la academia, desarrollar nuevos adiestramientos, implantar iniciativas para romper barreras entre la Uniformada y la ciudadanía, entre otras medidas que se iniciaron desde que entró en vigor la Reforma hace 11 meses. 

El abarcador programa, que surgió mediante un acuerdo entre la jurisdicción federal y estatal por una demanda de violación de derechos civiles presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, recibe una asignación anual de $20 millones del fondo general del Gobierno de Puerto Rico y hasta la fecha se ha beneficiado de otros $14 millones proveniente de propiedades o dinero confiscado por el Gobierno Federal.

“La Policía es un reflejo de nuestra sociedad. Allí conviven distintos valores y visiones diversas”, sostuvo Miranda durante la audiencia que constituyó la primera vez en que se ofreció el insumo de altos funcionarios en corte abierta sobre el proceso de reforma que atraviesa la Policía. “La Reforma no es contra la Policía. Es para la Policía, la primera línea de defensa de nuestra comunidad”, añadió Miranda.

Por otro lado, Caldero sostuvo que su agencia ha centrado sus esfuerzos en la capacitación y profesionalización de los uniformados. Del mismo modo, mencionó la creación de una unidad que atiende todo incidente que involucra el uso de fuerza de forma indebida por parte de un policía y el diseño de una nueva página web que se publicará próximamente y en la que el ciudadano podrá radicar una querella de violación de derechos civiles de manera electrónica. 

“La Reforma está bien encaminada y estamos en un proceso de desarrollo”, dijo Caldero. 

Por su parte, el coronel Arnaldo Claudio, quien fue asignado como el monitor federal de la Reforma, subrayó que el proceso aún se encuentra en una etapa inicial, pero coincidió con el juez Gelpí sobre los logros alcanzados por la Policía de Puerto Rico hasta el momento.

“Esto es un momento histórico. El día de hoy es de logros”, dijo Claudio. “Estamos en una primera etapa y quedan muchas cosas por hacer”, agregó.

En los pasados días, el director de ACLU denunció en entrevista con este medio que el gobierno de Puerto Rico invierte $2.1 millones al mes en una reforma policiaca que en nueve meses no ha producido “un solo protocolo” o plan de acción concreto. 

“Ni siquiera se ha comenzado a tratar los asuntos que llevaron la Policía a tener una reforma”, expresó el activista en referencia a los patrones de violaciones de derechos civiles que motivaron al Departamento de Justicia federal a demandar al Estado Libre Asociado (ELA) en diciembre de 2012. 

Tanto el cumplimiento del acuerdo de reforma como la labor del TCA están bajo la supervisión del juez federal Gelpí.