El exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, fue fichado durante la tarde de hoy, miércoles, en la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) tras ser acusado ayer por cargos criminales por infracciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica y a la Ley de Ética Gubernamental, entre otros delitos. 

O'Neill García acudió a su citación acompañado del licenciado Harry Padilla, quien se limitó a responder que la Oficina de Ética Gubernamental no le ha solictado al presente ningunainformación. 

De su lado, su cliente no respondió preguntas. 

Ayer, el juez Rafael J. Parés, de la Sala de Investigaciones de San Juan, determinó causa probable para arresto contra O’Neill García por 7 de los 11 delitos que le imputaba el PFEI, entre ellos por violación a la Ley 54 de violencia doméstica en su modalidad de maltrato y por agresión sexual; acoso sexual en la forma de hostigamiento sexual en el empleo; exposición deshonesta; un cargo de actos lascivos contra una segunda víctima; y dos cargos de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental (tanto bajo la ley anterior como la actual aprobada en el 2011). 

O’Neill García, de 72 años, quedó en libertad bajo arresto domiciliario tras señalarle una fianza de $40,000.

Uno de sus abogados de defensa, el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo, adelantó que presentará una moción en el Tribunal de Primera Instancia para que se le modifiquen las condiciones para que se le permita salir a hacer sus gestiones y acudir a sus citas médicas. 

El escándalo, que eventualmente llevó a O’Neill a renunciar a la alcaldía, se hizo público en marzo pasado luego que trascendieran las denuncias de una policía municipal, que había llegado a un acuerdo financiero confidencial con el alcalde para desistir del pleito por un presunto patrón de acoso y abuso sexual. 

El Departamento de Justicia investigó el asunto y encontró 20 violaciones de ley por parte de O’Neill y las refirió a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente. Los fiscales sometieron finalmente 11 cargos.

El imputado podría enfrentar hasta una condena de 25 años de prisión.

El proceso de fichaje tardó aproximadamente una hora.