La fiscalía federal, a través de su jefa para el Distrito de Puerto Rico, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, anunció que el pasado lunes un gran jurado federal entregó un pliego con 49 cargos en el que se acusa a 22 personas de una conspiración para cometer robo de identidad, robo de identidad agravado y uso de un aparato de falsificación.

La investigación en está a cargo del Servicio Secreto y los Inspectores del Servicio Postal.

De acuerdo con la acusación, el objetivo de la conspiración era robar los nombres, números de cuentas bancarias de débito o crédito y otras formas de identificación de los clientes de negocios de venta al detal ubicados en San Juan y sus alrededores, con miras a enriquecerse y obtener ganancias financieras. Los miembros de la conspiración actuaban como “card skimmers” (ladrones de información, en inglés) usando un aparato para tales efectos con el objetivo de obtener nombres, números y otra información necesaria para el siguiente paso en la conspiración.

Los acusados utilizaban el aparato para crear tarjetas de débito, crédito, de banco o de regalos para usarlas en transacciones a cambio de dinero en efectivo, bienes o servicios. Luego usaban las tarjetas de débito, crédito, banco o regalos para extraer dinero en efectivo de cajeros automáticos, comprar “money orders” y comprar bienes y servicios. Las pérdidas para las instituciones financieras afectadas fueron de más de $280,000.

Los acusados son: Roy Moreno Negrón; José Calderón Campos; Edwin R. López Colón; Miguel González Marichal, alias. “Kevin”, alias “Mecha Corta”; Luis Torres Cirilo, alias “Luis Piña”, alias “Luigi”, alias “Rosario”, alias “Aurelio Chacorta”; Juan Carlos Santiago Calderón; Yadiely Vázquez Medina; Adriana Calero Estades; Edward Santiago González; Ameliangie M. Graciani Ramos; Ángel Yadier Esquilin Cruz; Christopher Rivera Pérez; Dijeiry Flores; Johana María Rivera Aguayo; Jorge Luis Vaello Marquez; Ángel Luna Guerrero, alias “Angelito Barber”; Abraham Cruz Semprit, alias “Bam Bam”; [18] Michael Soto Rodríguez, alias “Chal Soto”; Gustavo Mojica Moreno; Jean Carlos Lebrón Falcón; Elvin José Castellano, alias “Enanito Antonio”, alias “Menor Cupey”; y Javier Delbrey Negrón. El líder de la conspiración, Moreno Negrón, también enfrenta un cargo de posesión de un arma de fuego por un convicto por delitos graves.

“Las autoridades no vamos a permanecer de brazos cruzados mientras los criminales tratan de destruir nuestras vidas, robar nuestros ahorros y destruir nuestro crédito”, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas. “Instamos a todas las personas a tomar medidas para proteger su información personal de los criminales que tratan de conseguir beneficios ilegales a través del fraude con identidades robadas”.

Carlos Colón, agente a cargo del Servicio Secreto, declaró que “este caso destaca las habilidades investigativas del Servicio Secreto y nuestro compromiso de colaborar con nuestros socios para detectar y desmantelar organizaciones criminales sofisticadas. Estos crímenes tienen un impacto dañino en la infraestructura financiera más importante de nuestro país. El fraude financiero es uno de los desafíos más importantes que enfrentan hoy día los negocios y ciudadanos estadounidenses. El Servicio Secreto de los Estados Unidos continuará colaborando con las demás agencias de ley y orden para encontrar y arrestar a los individuos que cometan este tipo de fraude”.

“Roy Moreno y su coacusados abusaron de ciudadanos de San Juan para su beneficio financiero. Estos arrestos son un final adecuado para su esquema. Los Inspectores del Servicio Postal y nuestros socios en la lucha contra el crimen estamos enviando un mensaje contundente de que vamos a trabajar sin descanso para proteger a la gente de los depredadores como Moreno. Felicito a los agentes, detectives e inspectores que llevaron a este grupo ante la justicia”, dijo Jim Buthorn, inspector a cargo de la División Newark/Oficina local de San Juan.

De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 15 años de prisión por conspirar para cometer robo de identidad, dos años de pena mandatoria por el robo de identidad agravado, y un máximo de 10 años de prisión por el cargo de uso de un aparato de falsificación.

El fiscal asistente Edward Veronda está a cargo del caso.

La acusación solo contiene alegaciones y los acusados se presumen inocentes hasta tanto se pruebe su culpabilidad.